Redacción Análisis Urbano
Luego de 27 días, el paro minero en los municipios de Remedios y Segovia, en el nordeste del departamento de Antioquia, deja hasta el momento un saldo lamentable que, más que pérdidas económicas para el comercio y las empresas mineras, es una estela de violación de derechos humanos, heridos y muertos. La población exige presencia del Gobierno, a través del Ministerio de Minas, pero no ha sido posible que se establezca una mesa de negociación.
El gobernador, Luis Pérez, que en abril prometió a los mineros establecer una mesa de negociación para buscar la formalización y poder comercializar libremente el oro, no se ha hecho presente en ninguno de los municipios, por el contrario, ha establecido una mesa de diálogo en La Alpujarra, a donde han llegado representantes de otras subregiones, como Bajo Cauca, en donde se llegó a un acuerdo consistente en que los mineros que practican el chatarreo y el barequeo, llamada minería de subsistencia, podrán comercializar el oro con certificación de la alcaldía de su municipio, de acuerdo con el censo minero que existe en los municipios para actividades mineras tradicionales.
¿Y los pequeños y medianos mineros? Aún sin solución. Los mineros que utilizan motobombas, maquinaria amarilla, dragas, dragones, cianuro y mercurio son criminalizados. Ellos, al no poder acreditar el origen lícito del mineral, no pueden comercializar el oro extraído.
El Ministerio de Minas, a través del Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), es la plataforma en donde se inscriben las personas naturales y jurídicas que comercializan el oro. Los medianos y pequeños mineros, quienes no son tradicionales, al no tener acreditación de la alcaldía ni estar inscritos en dicha plataforma, son considerados ilegales y, en ciertos casos, criminales, dado que en algunas subregiones deben pagar vacunas a los grupos ilegales para poder explotar. Investigaciones académicas y periodísticas hablan de rentas de entre cinco y diez millones de pesos por cada retroexcavadora que se encuentra en la zona, más un impuesto por cada gramo de oro que se explota. La Policía, en municipios como El Bagre, Zaragoza, Nechí, en el Bajo Cauca; y en Remedios y Segovia, cobra por cada pimpina de combustible que se transporta vía terrestre o fluvial.
En un informe anterior la Agencia de Prensa Análisis Urbano denunció lo que sucedía en el Nordeste, cuáles eran las peticiones de los mineros y cuáles fueron los compromisos adquiridos por la Gobernación. [Leer: La criminalización de la minería en el Bajo Cauca y Nordeste]
«Lo que al principio era una protesta pacífica por parte de los mineros tradicionales de los municipios de Segovia y Remedios contra los abusos que la multinacional realiza sobre su derecho al trabajo, en una tierra a la cual han pertenecido por generaciones», escribió en Análisis Urbano Jandey Marcel Solviyerte, de la Agencia de Comunicación Contemos Pueblo.
La más reciente víctima del paro minero, quien recibió impactos de bala en medio de la confrontación entre los mineros, la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fue Brandon Stiven Ochoa Estrada, un joven de 18 años, quien falleció cuando era trasladado hacia el hospital de la población. El 4 de agosto también fue asesinado Hernán Tobón, en el sector de La Bomba, cuando desconocidos que se movilizaban en moto le dispararon.
En una grabación obtenida por la Agencia de Prensa Análisis Urbano se escucha a un habitante de Segovia diciendo que «lo que pasa es que hay francotiradores por el lado del colegio… la Policía tiene francotiradores y están matando a los del pueblo… esos son los que están disparando… difundan para que los muchachos sepan».
En otra grabación se es escucha a una mujer haciendo un llamado a la población femenina para apoyar el paro y buscar apoyo en la Alcaldía: «Buenas tardes, muchachas. Para invitar a todas las mujeres de Segovia a un plantón ahora a las 6 de la tarde en la alcaldía… necesitamos que nos ayude ese alcalde, al menos que [dé] soluciones, que mande Derechos Humanos… a ver qué va a hacer con nosotros, no podemos dejar matar la gente del pueblo muchachas… colaborémonos las unas a las otras que es para nuestro bien. Nos están acribillando. Ayudémonos muchachas». El S. O. S. por la crisis que se vive en Remedios y Segovia es lanzado por las mujeres, muchas de ellas chatarreras o esposas de los mineros.
En algunas imágenes y videos difundidos en las redes sociales se puede ver al Esmad utilizando como garitas los balcones de las viviendas, desde donde vigilan a los mineros. Hacemos un llamado al Gobierno, la Policía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera (ANM) para que se den garantías para la protesta popular, pero, asimismo, se instaure una mesa de negociación.
El 5 de agosto se conoció una acción de tutela que interpuso el alcalde de Segovia, Gustavo Alonso Tobón Vélez, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, contra la Agencia Nacional Minera y la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad, representada por María Constanza García Botero, solicitando una medida provisional de suspensión de la comisión impartida por ellos para que el alcalde de Segovia realice el cierre definitivo de algunos entables de explotación minera sin título minero. La ANM le delega una responsabilidad al alcalde para que atente contra su propio pueblo. Remedios y Segovia están a la deriva y aguantando hambre.
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