En cualquier momento de las próximas horas el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias podría tocar suelo colombiano, esto luego de que una corte de apelaciones en Estados Unidos le negó un último recurso con el cual buscaba frenar su envío a Colombia, y que posteriormente el Departamento de Estado le notificó al Gobierno de Colombia, este jueves, su decisión de extraditarlo.
El Gobierno colombiano está coordinando con las autoridades estadounidenses cómo será el procedimiento para el retorno al país de Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años y 4 meses de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Arias, quien fue ministro en el gobierno Uribe entre 2005 y 2009, se fue a Estados Unidos en 2014 y desde entonces ha permanecido en ese país, unos tiempos detenido en prisiones y otros en libertad.
En la mañana de este jueves la Cancillería confirmó que la embajada de Colombia en Washington ya llegó la notificación por parte del Gobierno de Estados Unidos concediendo la extradición a Colombia de Arias. Y ese documento llegó hacia las 8 a. m. de este jueves al Ministerio de Justicia, que debe encargarse de coordinar con las entidades correspondientes el procedimiento y fecha de entrega.
Por ahora, se ha dicho que la extradición del exministro desde Estados Unidos, un proceso poco común puesto que ese país es generalmente el que pide a personas en extradición desde Colombia, podría ocurrir, al menos, por dos vías.
En primer lugar, el proceso podría ser coordinado con Migración Colombia, que deberá ir a EE. UU. para coordinar el viaje. De otro lado, también sería posible que el país norteamericano envíe a Arias con ayuda de Interpol, con lo que restaría que las autoridades colombianas lo reciban en el territorio nacional y comience el proceso de capturarlo (tiene orden de captura vigente de la Corte) y enviarlo a un centro de reclusión.
Si se determina, en coordinación entre los dos Gobiernos, que se solicitará la ayuda de Interpol, la extradición de Arias podría tomar varios días.
Tras su regreso al país, la justicia colombiana deberá determinar cuántos años de su condena finalmente le quedan por pagar y cuántos puede descontar por los periodos en los que previamente ha estado preso.
Arias estuvo privado de su libertad en Colombia entre julio de 2011 y junio del 2013, mientras avanzaba el proceso en su contra. En ese tiempo estuvo recluido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá. Además, en Estados Unidos ha estado detenido por temporadas desde 2016, por cuenta de la petición de extradición en su contra.
Cómo ha sido el proceso de Arias
Desde Estados Unidos el exministro, condenado en 2014 por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, ha sostenido su inocencia y denunciado una supuesta falta de garantías en Colombia, tanto para su proceso judicial como para su eventual estadía en una prisión del país. En diferentes declaraciones también ha afirmado ser víctima de jueces «corruptos» e «ilegítimos» que le dictaron una «condena descabellada», y que además desconocieron su derecho a la doble instancia, es decir, a que se revise su condena.
Desde 2016, por efecto de la solicitud de extradición basada en la condena de la Corte Suprema, Arias ha pasado varios meses detenido en cárceles federales, y en varias ocasiones EE. UU. le negó libertad bajo fianza por riesgo de fuga.
La última fue en enero, cuando una corte de Miami (EE. UU.) le negó la solicitud de libertad considerando que había riesgo de fuga, dado el antecedente del 2014, cuando el exministro huyó del país aprovechando que la Corte le había dado libertad mientras se dictaba sentencia. Dos jueces estadounidenses se han pronunciado a favor de la extradición de Arias tras considerar que en su expediente hay pruebas de que no se trató de un caso político sino de un proceso por un delito común.
De otro lado, el caso de Arias es una ‘papa caliente’ para el Gobierno de Colombia, primero, porque difícilmente un Presidente puede avalar la tesis de que la Corte Suprema de su país persigue políticamente a un procesado sin generar una crisis institucional.
De otro lado, el Gobierno tampoco podría avalar o reconocer abiertamente la versión de Arias de que su vida correría riesgo si volviera a Colombia, pues es el mismo Gobierno el encargado de garantizar el control y seguridad en las cárceles del país, en donde cumpliría su condena.
Y tercero, porque Duque tiene dos embajadores que en su momento actuaron desde sus cargos contra Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, lo cual desvirtúa el argumento de la persecución política.
Estos son el actual embajador de Duque en la OEA, el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien destituyó e inhabilitó a Arias por 16 años por ese escándalo. Y la actual embajadora en Francia, Viviane Morales, quien como Fiscal General investigó y acusó a Arias ante la Corte por el caso.
Es decir, las primeras investigaciones y condenas contra Arias las promovieron actuales fichas del Gobierno.
Condena, sin recursos
Tras llegar a Colombia, la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir si lo envía a una cárcel convencional o a una guarnición especial para que pague su pena.
A pesar de que hay pronunciamientos internacionales (como el de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU) que piden darle una segunda instancia a Arias, la Corte Suprema ha dicho en varias oportunidades que su condena (que es del 2014) no será revisada porque la ley de segunda instancia para aforados, que entró en vigencia el año pasado, no cobija casos anteriores al 2018.
Otro de los argumentos de la Corte Suprema para establecer que su caso ya está cerrado es que su proceso tuvo todas las garantías, pues su juzgamiento se hizo con las reglas que se aplicaron en Colombia para los aforados por varias décadas. Ese modelo implicaba que los más altos dignatarios de la justicia (los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema) fueran los encargados de investigar y juzgar a los funcionarios con fuero.
La única vía que le quedaría a Arias para que su condena tenga una segunda instancia es la vía legislativa. De hecho, en el Congreso, sectores cercanos al uribismo han hablado de la posibilidad de impulsar una ley para revisar la condena que la Corte profirió en única instancia, de forma retroactiva.
En mayo pasado, la misma Corte Constitucional le pidió al Congreso que tramite una ley que permita apelar todas las primeras sentencias condenatorias, lo que podría reabrir procesos como el de Arias.
Tomado de El Tiempo
