El documento firmado este jueves 23 de agosto en el municipio de Apartadó, Antioquia, y que contiene once compromisos, se constituye en la medida inicial para enfrentar la situación de estigmatización, persecución y asesinato de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país.
El encuentro de diálogo social fue liderado por el presidente Iván Duque y contó con la presencia de representantes del Gobierno Nacional, de la Procuraduría, la Defensoría y organizaciones sociales, con el acompañamiento de la cooperación internacional.
En el Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos se consignaron los siguientes compromisos:
1. El Gobierno Nacional iniciará de manera inmediata, a través del Ministerio del Interior, el diseño participativo de una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.
En dicha labor se involucrarán activamente las plataformas de derechos humanos, las organizaciones sociales, la Fuerza Pública y los entes territoriales, con el acompañamiento del Ministerio Público desde la Mesa de Protección a la Vida y de la comunidad internacional.
Lo anterior se enmarcará bajo las responsabilidades que tiene el componente de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas previsto en el decreto 2124 de 2017.
2. El Gobierno Nacional continuará en su esfuerzo para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en materia de seguridad, protección colectiva, lucha contra la impunidad; garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional; y acelerará el programa de medidas colectivas de seguridad, así como el programa de protección integral para lideresas.
3. El Gobierno Nacional iniciará la reingeniería del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se modernizará y fortalecerá con recursos para dar cumplimiento a las múltiples demandas de protección en los territorios, mejorando los protocolos y dando respuesta oportuna a los requerimientos de los líderes y las comunidades. Las autoridades locales y departamentales se comprometen a cumplir, bajo la mirada preventiva del Ministerio Público, los mandatos de la ley en dicho sentido.
4. El Gobierno Nacional se compromete a garantizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), convocando a sus miembros para que se cumpla el Plan de Acción dirigido a combatir y desmantelar a las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos.
5. La Fiscalía General de la Nación, desde la perspectiva de la administración de justicia y la garantía de los derechos humanos, ratifica su compromiso en la lucha contra la impunidad y la promoción de la vigencia a los derechos humanos; dispondrá de toda su capacidad investigativa, científica, humana y logística, hasta agotar la debida diligencia para perseguir, investigar y juzgar cualquier tipo de violencia que los afecte.
6. La Fiscalía General de la Nación continuará haciendo del esclarecimiento de los crímenes relacionados con defensores de derechos humanos una prioridad, incrementando sus resultados con mayores imputaciones a los responsables, el juzgamiento de los mismos y en el impacto de organizaciones criminales.
7. La Defensoría del Pueblo, en el marco del seguimiento a la Alerta Temprana 026 de 2018 sobre violencia y homicidios contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, difundirá los resultados del seguimiento y convocará a una audiencia defensorial para que las autoridades expliquen las acciones desplegadas sobre el riesgo advertido desde febrero de 2017. Así mismo, en materia de protección, la Defensoría dispondrá de una línea 24 horas en cada una de las 38 defensorías regionales, para gestionar los trámites de emergencia ante amenazas y atentados contra líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos.
8. La Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, fortalecerá su labor de seguimiento preventivo a las políticas y programas de prevención y protección; aumentará su acción en contra la impunidad interviniendo de manera activa en los procesos penales que se adelanten por crímenes contra líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos, y aumentará su presencia territorial para disciplinar a los servidores públicos que estigmaticen a esta población o que por acción u omisión incurran en conductas contrarias a su protección.
Así mismo, avanzará en la implementación de la Directiva 002 de protección de líderes sociales, llevando la Mesa por la Protección a la Vida a los territorios, siendo veedora de la construcción e implementación de una Política Pública Integral de Protección a la Vida y exhortando a las autoridades nacionales y territoriales para el cumplimiento de sus obligaciones en este campo.
9. Los gobernadores y alcaldes se comprometen a adoptar el Plan Integral de Protección y el Protocolo de Protección para Territorios Rurales. Asimismo, acompañarán a las organizaciones sociales, autoridades territoriales y a las personas defensoras de derechos humanos en su labor.
10. Las organizaciones sociales se comprometen a participar y/o adelantar procesos pedagógicos y campañas de sensibilización sobre la importancia del papel de los líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos en una democracia.
11. Los firmantes de este pacto exhortamos a los medios de comunicación a realizar procesos de sensibilización sobre la importancia de los líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos, y a apoyar campañas como #Lidera la Vida, que ha sido un gran aporte en la sensibilización del país sobre la lucha de esta población.
Firmado en Apartadó, el 23 de agosto de 2018, por Iván Duque Márquez, presidente de Colombia; Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación; María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo; Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, entre otros.
Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos
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