VILLAVICENCIO, META (8 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Édgar Alfonso O. A., Claudia Patricia P. R. y Jhonatan Alexander G. S., tres adultos presuntamente implicados en una serie de robos violentos cometidos en Villavicencio (Meta). En el mismo proceso, tres adolescentes fueron cobijados con medida de internamiento preventivo debido a su presunta participación en estos delitos.
Las capturas se realizaron en Villavicencio durante dos diligencias de registro y allanamiento lideradas por la Policía Nacional, en las cuales se encontró evidencia que vinculaba a los implicados en múltiples hurtos. Según la investigación, estos individuos formaban parte del grupo delincuencial ‘Los Betos’, que operaba en los barrios Villa Humberto, Comuneros y Alborada. Se les acusa de haber perpetrado al menos 18 hurtos a comerciantes, transeúntes y residentes en dichos sectores, utilizando armas de fuego y cortopunzantes.
La Fiscalía imputó a los adultos por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por el uso de menores en la comisión de delitos, cargos que los procesados no aceptaron.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2023 y junio de 2024, periodo en el cual ‘Los Betos’ habrían empleado a menores de edad para participar en estos robos, lo que añade gravedad a los cargos imputados. Las autoridades destacaron el impacto positivo de estas capturas en la seguridad de Villavicencio, ya que se debilita la estructura de este grupo delictivo que afectaba la tranquilidad de la comunidad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.