El agresor habría intimidado a la víctima con un arma cortopunzante
Yopal, Casanare. 08 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Alberto Rivas Blanco. Este hombre es señalado de haber sometido a vejámenes sexuales a una mujer de 21 años en un hotel ubicado en Yopal (Casanare).
Según el medio de la FGN. El pasado 25 de junio, Rivas Blanco le propuso a la víctima tener relaciones íntimas. Como ella se negó, él supuestamente la amenazó con un arma cortopunzante y la obligó a acceder a sus pretensiones. La mujer, pese al miedo, logró escapar del lugar y buscó ayuda inmediata.
Gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional, los uniformados capturaron al agresor en flagrancia. Además, encontraron en su poder el arma utilizada durante la agresión, lo cual fortaleció el caso en su contra.
Posteriormente, un fiscal de la Seccional Casanare presentó las pruebas que evidenciaron la conducta delictiva del procesado. Esto llevó a que Rivas Blanco aceptara su responsabilidad durante la audiencia, lo que contribuyó a agilizar la decisión del juez.
Este caso demuestra una vez más la importancia de actuar con firmeza frente a los delitos sexuales. Además, resalta la efectividad del trabajo articulado entre Fiscalía y Policía para brindar justicia a las víctimas.
Finalmente, el agresor deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial. La comunidad espera que este tipo de respuestas continúen disuadiendo cualquier forma de violencia sexual.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.