El hombre la habría intimidado con arma de fuego e intentado asfixiarla
Puerto Colombia, Atlántico. 11 de Julio de 2025. –Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 42 años, presuntamente responsable de agredir y retener contra su voluntad a su expareja sentimental en este municipio del Atlántico.
Según la Fiscalía Seccional Atlántico, los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo en un apartaestudio del barrio Vista Mar, donde el procesado habría retenido a la víctima de 27 años. Durante el encierro, supuestamente la agredió verbal y físicamente, la amenazó con un arma de fuego e intentó asfixiarla.
Horas más tarde, bajo intimidación, el hombre la habría obligado a subirse en una motocicleta. Juntos se dirigieron a una vía solitaria, donde continuaron los golpes y amenazas.
Las investigaciones también revelan que entre el 5 de mayo y el 5 de junio, el agresor continuó acosando a la mujer. Se presentó en su residencia y lugar de trabajo, exigiéndole retomar la relación sentimental, bajo amenazas de muerte.
El presunto responsable fue capturado el 2 de julio por unidades de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple, tortura y constreñimiento ilegal.
Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos. El juez dictó medida de aseguramiento intramural en la cárcel El Bosque de Barranquilla.
Este caso refleja la importancia de seguir denunciando los hechos de violencia de género y reafirma el compromiso de las autoridades con la protección de las víctimas.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.