Este martes 6 de noviembre, durante el debate de control político que sobre hacinamiento carcelario se cumplió en la Comisión I del Senado de la República, la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, señaló que su cartera trabaja con el fin de desarrollar una política criminal adecuada y coherente para el país. Igualmente, indicó que tanto las autoridades nacionales como las regionales deben ser responsables respecto a sus obligaciones con las personas que se encuentran condenadas o sindicadas.
“Es necesario construir una política criminal coherente, y para ello debemos superar obstáculos como el populismo punitivo, el cual ha llevado a tomar decisiones irracionales en materia penal y penitenciaria, rompiendo los códigos Penal y de Procedimiento, desconociendo los impactos fiscales y contrariando principios constitucionales como la proporcionalidad y última ratio”, dijo la alta funcionaria.
La titular de la cartera de Justicia manifestó que es importante concientizar a los jueces del país sobre la situación carcelaria para que se decida oportunamente sobre la libertad de los procesados y condenados cuando tienen derecho a ella.
Borrero Restrepo indicó que actualmente hay 186.938 personas privadas de la libertad, incluidas las que están en detención domiciliaria, con vigilancia electrónica y en centros de reclusión militar. De estas, 119.125 se encuentran en centros carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); el 68% -un poco más 79.000- están condenadas; y las sindicadas son poco más de 44.000, es decir, el 34%.
“Es importante señalar estos porcentajes, pues los condenados -el 68%- son responsabilidad de la Nación; mientras que los sindicados -el 34% restante- corresponden a los entes territoriales que pueden construir centros de reclusión para sindicados o celebrar convenios con el Inpec para cumplir con dicha responsabilidad”, aseguró la Ministra.
Para la alta funcionaria resulta de vital importancia hallar un mecanismo que de manera pronta y sin la rigidez de los largos procesos contractuales, permita la consecución y disposición de recursos para aumentar los cupos carcelarios. “Estamos buscando el mecanismo constitucional que lo permita porque esto es urgente y prioritario”, anotó.
Así mismo, afirmó que es necesario vincular al sector privado, al voluntariado y a los entes territoriales para que trabajen por la resocialización y el tratamiento de los pospenados. “Me gustaría dejarle al sistema penitenciario un poco de humanidad frente al tratamiento de los internos. Vamos a desarrollar una campaña de concientización de la ciudadanía acerca la política criminal y penitenciaria, enfocada en alternativas diferentes a la pena. Por ejemplo, en la justicia restaurativa”, señaló.
Borrero Restrepo finalizó su intervención afirmando que la gran meta es aumentar en más de 8.000 los cupos carcelarios con infraestructura fija, y construir cerca de 5.000 en ciudadelas móviles a partir de materiales livianos, que cumplan con los estándares exigidos de calidad y seguridad.
“Desarrollaremos un ejercicio serio de concientización que permita vincular al sector privado, las universidades y la ciudadanía en general para que todos aportemos en este gran pacto por la resocialización y la reinserción”, puntualizó.