Los detenidos no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía
Bucaramanga, Santander. 24 de Julio de 2025. –Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos personas señaladas de vender estupefacientes en el centro de la ciudad.
Según el medio de la FGN. Los procesados fueron identificados como Andrea Ximena Higuera Cardozo y Jonathan David Cancino Murillo. Ambos son investigados como presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como «Los de la 16», una organización dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones del Parque Centenario.
Según las autoridades, estos hechos habrían ocurrido de manera continuada entre 2024 y marzo de 2025. La investigación permitió recopilar evidencia que vincularía a los detenidos con actividades de microtráfico en uno de los sectores de mayor tránsito peatonal de Bucaramanga.
La Policía Nacional ejecutó las órdenes de captura expedidas por las autoridades judiciales. Posteriormente, durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Ninguno de los investigados aceptó los cargos. Sin embargo, el juez avaló los argumentos presentados por el ente acusador y decretó la detención preventiva en centro carcelario para ambos imputados.
La Fiscalía reiteró su compromiso en la lucha contra las estructuras de microtráfico que afectan la seguridad ciudadana en los parques y espacios públicos del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.