Antioquia, Colombia, 27 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Andrés Felipe Correa Arango, por su presunta participación en el hurto de una caja fuerte y otros elementos de valor, ocurrido el pasado 27 de enero en un inmueble del municipio de Envigado, donde trabajaba en labores domésticas.
Según las investigaciones, Correa Arango habría aprovechado la ausencia de su empleadora para ingresar por un ducto hasta el vestier de la vivienda. Allí, presuntamente violentó una caja fuerte y sustrajo joyas, dinero en efectivo y objetos de alto valor, cuyo avalúo supera los 300 millones de pesos. Tras cometer el delito, huyó del lugar.
El sujeto fue ubicado y capturado posteriormente durante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda del municipio de Sabaneta, también en Antioquia. Durante el procedimiento, habría intentado evadir su detención disparando contra los uniformados. En el lugar, las autoridades incautaron un arma de fuego, sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su dosificación.
Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín le imputó los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Correa Arango no aceptó los cargos imputados.
La Fiscalía resaltó que la decisión del juez de control de garantías de imponer la medida de aseguramiento se fundamenta en la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la conducta violenta del procesado al momento de su captura.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.