En empresas Públicas de Medellín ocurre un choque a toda velocidad entre fuerzas privadas y públicas.
Por Juan Pablo Z.
El Municipio de Medellín creó sus Empresas Públicas en 1955 con un solo presupuesto inicial. Desde entonces, los datos estadísticos nos dicen que EPM no ha requerido un peso más para su funcionamiento y que, por el contrario, ha generado utilidades económicas, logísticas y de servicios básicos a la ciudad.
EPM es la empresa que garantiza que podamos cocinar con gas, que tengamos energía eléctrica, que salga agua de nuestras duchas y que un camión recoja, una o dos veces a la semana, la basura que producimos.
Pero aunque el nombre y la razón de EPM apuntan a ser un colectivo cien por ciento público, la realidad es distinta. Dentro de la junta directiva de la entidad, además del alcalde de turno, hay un contingente empresarial que decide los contratos, asigna las obras, administra los recursos y toma decisiones frente a momentos de crisis.
Este grupo humano de empresarios que tienen los pies dentro de EPM también está compuesto por contratistas que pueden usar sus empresas para ganarse algún tipo de licitación que proponga el municipio. Aunque esto hace más rápidos los trámites para, por ejemplo, la realización de obras, también termina moviendo el capital en un círculo del que nunca sale.
Este es el gran encuentro entre fuerzas públicas —las encargadas de prestar los servicios públicos— y fuerzas privadas —quienes a veces financian la prestación de estos—. En este intercambio está en juego dinero, posición política, puestos de trabajo y firmas en contratos.
José León Jaramillo Jaramillo, abogado y exprocurador, dijo alguna vez sobre EPM que «empezaron a patrocinar las campañas políticas de los alcaldes y de los gobernadores, con el convencimiento de que, quienes fueran elegidos, se convertirían en peleles a su servicio», y que «solo contratarían empréstitos con ellos, solo adquirirán seguros de Sura, solo comprarían cementos Argos y adicionalmente les adjudicarían a ellos, también, todas las contrataciones públicas en las que pudieran estar interesados y de postre, les concederían, también, un porcentaje importante de la burocracia en sus administraciones».
Este espaldarazo político de EPM también significa que luego van a tener de frente a una persona en un cargo público con poder y con intereses sembrados desde y hacia la entidad. Además, si esta persona elegida es el alcalde de Medellín, se encontrarán con un miembro obligatorio de su junta directiva que estará allí durante cuatro años.
Esto, en otro contexto, se lee como que las empresas privadas detrás de EPM también eligen a quién quieren apoyar en su carrera a la alcaldía, y valoran qué tanto esta persona en este cargo se puede ajustar a sus intereses.
Es de extenso conocimiento que distintos sectores del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) se reúnen con todos los candidatos a la Alcaldía de Medellín en la época previa a unas elecciones regionales, y lo vuelven a hacer con quien haya ganado horas después de que se hayan terminado de contar los votos en las mesas.
Hablamos, por supuesto, de los alcaldes de años recientes: Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez y Daniel Quintero Calle.
También en ese mapa, pero en el polo opuesto, quien quiera ser alcalde de Medellín sabrá que tiene que entrar en una negociación con EPM y todas las personas involucradas allí. Esto, por supuesto, también indica que el alcalde de turno tendrá un poder o una especie de fuero adicional con EPM, además de su silla dentro de la junta directiva.
El exprocurador Jaramillo advirtió incluso que esta aproximación entre lo privado y lo público en algo tan elemental como los servicios públicos de la ciudad puede terminar en un escenario en el que los empresarios de la junta pueden acabar con el área financiera de EPM, y luego «aparecer como salvadores» a comprar sus acciones por poco dinero.
Por otro lado, una de las grandes razones de los trabajadores de EPM para no querer seguir con el matrimonio con el sector privado es que consideran a la empresa como un patrimonio municipal, y cedérselo a los intereses de empresarios sería, para ellos, una manera de «socavar» la misma razón de ser de EPM.
Distintas voces dentro de la institución nos han confirmado que, aunque las Empresas Públicas de Medellín conservan mucha de su autonomía, se espera que la privatización sea un proceso inevitable en un futuro no muy lejano.
La junta directiva de EPM
En 1997, el Concejo de Medellín le abrió la puerta a empresas del sector privado para que entraran a discutir asuntos en las juntas de EPM. Esto no quiere decir que cualquier dueño de una empresa antioqueña podría llegar a imponer sus condiciones en EPM, sino que esa persona tiene que cumplir una serie de requisitos y tener una hoja de vida adecuada para estar en las juntas directivas, además de acogerse a una serie de leyes y estar en la capacidad de ofrecer diferentes oportunidades financieras y de proyectos a EPM.
Adicional a esto, y hasta hoy día, se exige que los miembros de la Junta Directiva de EPM, por más que sean empresarios con razones sociales diferentes a las de EPM, conserven ciertos tonos de «independencia» en su toma de decisiones.
El sindicato de EPM y UNE (Sindicato de Industria de Profesionales de EPM y UNE, Sinpro), conformado por trabajadores de las empresas públicas, enfatiza en que el carácter de independencia de los miembros de la junta de EPM se ha ido perdiendo con los años, y dicen que esto lo evidencian tanto los miembros actuales de la junta directiva de EPM como las decisiones que han tomado en los últimos tiempos.
Como ejemplo está toda la crisis de Hidroituango, en la que los alcaldes y gobernadores han tenido que discutir durante noches enteras con empresarios del GEA mientras había gente huyendo de un río que amenazaba con llevarse sus casas por la ladera.
Sinpro se queja de que aunque los miembros de la junta directiva de EPM cumplen con la Ley 964 de 2005 —que les obliga a ser «independientes»—, la imparcialidad no es tal en la actualidad de EPM. Tres de los miembros de la junta actual provienen del sector privado. Uno de ellos, Andrés Bernal Correa, es vicepresidente de una empresa de Protección, una empresa de seguros que hace parte del GEA, y otro, Carlos Raúl Yepes Mejía, fue hasta hace unos meses gerente de Bancolombia.
Aquí Sinpro cuestiona la independencia que se supone que existe en las empresas públicas: ¿Cómo, o por qué hay empresarios como Mejía y Bernal en la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín cuando sus industrias son competencia directa para ellas?
El Grupo Empresarial Antioqueño
Ya aclaramos que hay empresarios privados que hacen parte de la toma de decisiones importantes en EPM. Ahora bien, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que salen ganando?
Por ejemplo, dentro de EPM está UNE Telecomunicaciones, una empresa pública millonaria en cuya junta está Miguel Moreno Múnera, gerente de la gigante de alimentos Nutresa —que también hace parte del GEA—. Por ese mismo lado también estuvo el señor David Escobar Arango, quien fue vicepresidente de UNE. En la actualidad es director de Comfama, la caja de compensación de empresarios privados, y se especula que la consecución de un trabajo tuvo que ver con el anterior. El círculo se cierra con Federico Arango Toro, esposo de la exdirectora de Comfama. Hoy en día, por las conexiones de su esposa, hace parte de la junta de UNE como representante de EPM.
A esto en el diccionario se le conoce como nepotismo: «desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos». En Colombia a esto también se le conoce como mermelada.
Esteban Calle, quien fue señalado como el responsable de una «falta de solidez y pérdida de credibilidad» mientras ocupaba un cargo en la junta de EPM, hoy en día tiene un cargo gerencial de Cementos Argos, que es uno de los principales proveedores de EPM.
Federico Restrepo Posada también salió de EPM y trabajó en Tuya, una compañía de financiamiento propiedad del GEA. Luego de esto se lanzó a la Gobernación de Antioquia con parte del gran grupo detrás.
Esteban Iriarte, expresidente de UNE y miembro actual de la junta de esta empresa, también está vinculado en la actualidad a la compañía de seguros Sura, que también está adscrita al GEA.
¿Casualidades? No, son telarañas.
Privatización de EPM y otros pasos en falso
De acuerdo con los voceros de Sinpro, la privatización de EPM está «cada vez más cerca» desde que el Grupo Empresarial Antioqueño empezó a tener voz y voto con el devenir del conjunto de instituciones y los recursos que manejan.
Que privaticen EPM significaría un golpe duro porque perdería por completo el carácter público de su razón social y se convertiría en un sitio de carreras por quién se queda con el mejor contrato.
Por ahora podemos abrir la canilla y sacar la basura tranquilos. Por ahora Hidroituango está parado. Por ahora el alcalde tiene una voz importante dentro de EPM. Ya veremos en unos meses o en unos años.
