La erradicación forzada de los cultivos ilícitos en Colombia durante la cuarentena por el coronavirus ha puesto en jaque a decenas de campesinos colombianos que argumentan que si el Ejército sigue con este programa se van a quedar sin qué comer durante la crisis.
Con los «asentamientos campesinos», los jornaleros impiden en varios departamentos de Colombia que el Ejército arranque las matas de coca o las rocíe con el herbicida glifosato porque para ellos acabar con las plantaciones ilícitas supone terminar con su única fuente de ingresos.
Los choques provocaron incluso la muerte del joven Alejandro Carvajal, quien según denunciaron organizaciones sociales fue asesinado por el Ejército en la convulsa región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela) durante una protesta contra «las erradicaciones manuales, violentas y forzadas» de coca en la zona.
ERRADICAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Adriana Muro, directora de Elementa, una ONG integrada en la Coalición de Acciones para el Cambio (CAC), explicó a Efe que han documentado operativos de erradicación forzada en siete departamentos del país desde que inició la cuarentena el pasado 25 de marzo.
«Esto es riesgoso no solo porque las personas que salen de sus casas a defender sus cultivos se exponen al coronavirus sino porque las protestas contra las autoridades terminan en disturbios, amenazas e incluso con dos muertos en las últimas semanas», añadió Muro.
Una de las víctimas mortales es Carvajal y la otra un indígena Awá, que según la comunidad murió el mes pasado por un disparo de un Policía cuando protestaba contra la erradicación en una zona rural de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador y la región con más hectáreas sembradas de coca de Colombia.
«Los campesinos se enfrentan por una parte a la represión del Ejército y la Policía y por otra parte a los grupos armados ilegales que quieren la pervivencia del cultivo», lamentó Muro.
Los cultivadores también «tienen miedo a que los militares que vienen a erradicar desde las ciudades traigan el coronavirus a nuestras regiones», explicó a Efe por teléfono Juan Carlos Quintero, portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que opera cerca de la frontera con Venezuela.
Sus vidas peligran más que las del resto si se tiene en cuenta su difícil acceso al sistema de salud.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que encuestó a 6.350 familias que vivían en zonas de cultivos de coca, solo el 3 % tenía acceso a hospitales o centros de atención primaria.
EL PAÍS CON MÁS CULTIVOS DE COCA
El presidente colombiano, Iván Duque, apostó por la erradicación forzada en un contexto en el que Colombia llegó al máximo histórico de hectáreas cultivadas de coca en 2018 -año de su posesión- y con la presión política de Estados Unidos por abordar militarmente el problema.
En 1993, año en que murió el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y se empezaron a consolidar cifras sobre los cultivos ilícitos, en Colombia había unas 50.000 hectáreas de estos.
En 2018, el país llegó a la cifra de 171.000 hectáreas, según la UNODC. Todavía hoy Colombia es el primer productor de coca del mundo.
De estas hectáreas, el año pasado las familias campesinas erradicaron voluntariamente 40.000 gracias a los programas de sustitución de cultivos ilícitos que contempla el acuerdo de paz firmado en 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
De igual forma, unas 130.000 familias se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) planteado en el acuerdo de paz como alternativa a la erradicación.
El PNIS busca llevar a los territorios proyectos productivos y rutas de comercialización para no necesitar de la hoja de coca.
Ese programa contempla una primera fase con pagos para sustentar a las familias mientras erradicaban los cultivos ilícitos y un proceso a largo plazo de apoyo técnico y financiero para reemplazarlos por otro tipo de cultivos de los que vivir.
Sin embargo, son más de 230.000 familias campesinas, indígenas y afrocolombianas las que dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento económico, según la campaña «Rostros que siembran» que fue presentada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (COCCAM), la ONG Christian Aid y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
¿UN ACUERDO QUE TAMBALEA?
Pero las organizaciones civiles denuncian un abandono institucional del PNIS, mientras alertan de la amenaza inminente de que se retomen las aspersiones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015.
«Desde hace varios meses los programas se encuentran parados, no hay un avance en los procesos productivos o en lo que se había prometido y eso provoca protestas», advirtió Muro.
Por su parte, Quintero señaló que en la vereda (aldea) de Caño Indio, en el Catatumbo, donde los campesinos tenían «el acuerdo de sustitución de cultivos más antiguo de la región», no han recibido el primer desembolso de dinero que apoyaba la sustitución.
De hecho, Norte de Santander (noreste), región donde está ubicado el Catatumbo, es uno de los departamentos con menores porcentajes de familias con pagos, con el 62,8 %, según datos del Gobierno.
Para Quintero, «estas comunidades quedaron a la merced del hambre. Seguramente van a reincidir en la resiembra de coca porque el Estado nunca llegó, les engañó».
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
El rechazo a la erradicación es muy fuerte en algunas comunidades en las que los cultivos son su única fuente de ingresos y no hay otra alternativa, pues dejar de sembrarlos pone en peligro su seguridad alimentaria.
Según el tercer censo nacional agropecuario, el 53 % de las familias cocaleras vive debajo de la línea de la pobreza monetaria.
Por eso protestan con tanto fervor contra las erradicaciones a pesar de arriesgarse a contraer el coronavirus.
«Esto no es un capricho, nadie defiende la coca o el narcotráfico; no es una defensa de la coca sino del acuerdo de paz», reflexionó Quintero.
EFE
