El 15 de agosto de 2017 fue extraído el último contenedor de armas perteneciente a las FARC en la Zona Transitoria de Pondores, en el corregimiento de Fonseca (La Guajira). Con presencia del presidente Santos, miembros del Secretariado Mayor de esta guerrilla y los delegados de la ONU, se confirmó la entrega de 8.112 armas, 1.300.000 cartuchos y la ejecución exitosa de 510 caletas, lo que permite avanzar en el proceso de implementación a una fase en la que las Zonas Veredales de Concentración, pasarán a ser Espacios Territoriales de Capacitación Reincorporación. Hechos que confirman que las Farc están cumpliendo con el Acuerdo de Paz pactado en La Habana con el Gobierno nacional.
Así lo confirmó el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas: «…ha empezado una nueva etapa para Colombia, que, sin duda, representa mayores retos para la institucionalidad. Las 26 zonas veredales no lo serán más y se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, es decir, lugares en que los excombatientes darán inicio a su reintegración».
Y es que las FARC ya le han venido cumpliendo al país desde hace mucho. A diferencia de lo que especulaban los contradictores y críticos del Proceso de Paz, la guerrilla no se paró de la mesa cuando ganó el No, el pasado 2 de octubre, y hasta aceptó renegociar los acuerdos con los sectores opositores. Contrario también a lo que decían, ahora certifican el desarme de su tropa con otro anuncio importante para la etapa de implementación de los acuerdos: la salida de todos los menores de sus filas, comunicación emitida por Pastor Alape y Joaquín Gómez respectivamente. Con relación a esto, Gómez comento: «Salen dos hoy, eran tres, pero uno cumplió la mayoría de edad, entonces esos dos se entregan, hoy fueron a ubicarlos a la casa con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional». Con lo que las FARC dan cumplimiento a una de las exigencias del presidente Santos y de varios sectores sociales del país.
Ahora le toca el turno al Estado colombiano para que cumpla lo acordado con la guerrilla.
En lo que va corrido del año han sido asesinados 52 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han estado relacionados con el Proceso de Paz, en territorios que históricamente habían sido habitados por las FARC. Asimismo, ocho integrantes de la organización guerrillera, que habían sido indultados, fueron ultimados desde que empezó la implementación de los acuerdos. Por su parte, quince familiares de miembros de las FARC también han sido acribillados, por lo cual tienen razón los miembros del Secretariado al cuestionar el cumplimiento por parte del Estado.
No puede ser que esta ola de homicidios se presente en el país después de la experiencia que se tuvo con la Unión Patriótica. El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, debe asegurar la integridad física y social de los excombatientes de la insurgencia para garantizar el buen cumplimiento del Acuerdo de Paz. De esto depende que las FARC no vuelvan a las armas ahora desde una organización mucho más delictiva que política.
Para Raúl Rosende, jefe del gabinete de la Misión de la ONU en Colombia, el tema de la reincorporación «es un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del proceso de paz. Hay dos elementos fundamentales para este fin: que los excombatientes tengan seguridad física y socioeconómica».
La vinculación de hasta 1.200 de los miembros de las FARC a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que presten las labores de escoltas a partir de 2018, resuelve medianamente el tema de la seguridad socioeconómica de algunos de los excombatientes. Según Diego Mora, Director de la UNP: «Ya se han estudiado 80 casos de miembros de las FARC que requerirán seguridad, se han determinado 74 esquemas de protección y se han implementado 40. Sin embargo, esto será principalmente para proteger a quienes integren el nuevo partido político de las FARC y a sus familiares».
Sin embargo, aún queda pendiente la seguridad física de los miembros de la insurgencia debido al inminente avance paramilitar en las zonas abandonadas por estos. De acuerdo con Luis Carlos Villegas, en 116 municipios del país ya están en marcha los planes Victoria y Comunidades Seguras y en Paz de la Fuerza Pública, en donde harán presencia 80.000 hombres encargados de recuperar el control territorial por parte del Estado.
Lo que sigue en el llamado posconflicto, la fase más compleja de todas, es la creación de la colectividad política mediante la cual las FARC participarán de las elecciones programadas para el próximo año. El anuncio ya tiene fecha y estaría dispuesto para el 27 de agosto.
El llamado también es para que el Estado colombiano reconozca de una vez la existencia del paramilitarismo y lo peligroso que puede ser para la implementación de los Acuerdos de Paz. Basta de estarle cambiando el nombre a lo que es evidente, porque de esto depende la garantía de no repetición de uno de los hechos más tristes en la historia republicana de nuestro país: el exterminio de todo un partido político.
Fuentes:
http://colombia2020.elespectador.com/pais/15-de-agosto-ultimo-dia-para-el-desarme-de-las-farc
http://www.contagioradio.com/septimo-integrante-de-las-farc-asesinado-articulo-45163/
http://www.eluniversal.com.co/colombia/onu-recibio-el-ultimo-contenedor-con-armas-de-las-farc-259982
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