¿Es la extradición el antídoto contra La Oficina?

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Dos estructuras criminales mandan en Medellín, 350 bandas les obedecen —sin contar las que operan en el resto del área metropolitana y otras subregiones de Antioquia, como Oriente, Suroeste, Norte y Bajo Cauca, entre otras—. La Oficina del Valle de Aburrá, conocida también como la Oficina de Envigado, controla mayoritariamente a las bandas citadinas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —bautizadas como El Clan del Golfo por el Gobierno nacional de Colombia—, organización paramafiosa que ocupa sitios clave de la periferia. Estos últimos son más estrategas que sus pares de la Oficina ya que piensan sus territorios en clave de corredores, rutas y retaguardias.

Desde 2016, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y su comandante el brigadier general Óscar Antonio Gómez Heredia, La Cuarta Brigada del Ejército Nacional con el brigadier general Juan Carlos Ramirez y posteriormente con la participación decidida de la directora Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, Claudia Carrasquilla Minami, declararon la lucha sin cuartel contra La Oficina, Las AGC, las bandas que trabajan para las dos estructuras e incluso han ido más allá, golpeando a bandas independientes como La Agonía, Los Triana, Los Mondongueros, El Mesa, entre otras. En la cartografía criminal se percibe que las dos líneas de La Oficina y las AGC no controlan el conjunto de las bandas del Valle de Aburrá y otras subregiones; ejemplo de ello son Los Pamplona, en el Oriente antioqueño, subregión que limita con el Valle de Aburrá.

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En respuesta a esta acción el crimen urbano se estremeció y muchas de sus bandas entraron en enfrentamientos territoriales en unas siete zonas de la ciudad. Muchos de ellos se «calmaron» en durante la Feria de las Flores, mientras que en las comunas 10, 12 y 13 parece que no quieren ceder al ímpetu arrollador de la institucionalidad. En septiembre 24 ya se totalizaban, del año 2018, 87 homicidios en La Candelaria —centro o comuna 10—, 23 más que en la misma fecha de 2017; en La América fueron 24 homicidios, 15 más que el 2017; en San Javier —comuna 13— el panorama es igual o peor de violento, 63 muertos, 32 más que en el año anterior. En el conjunto de la ciudad ya se registran 461 homicidios, 64 más que en 2017. Es evidente que hay remezón en el bajo mundo producto de la lucha constante de la institucionalidad y de los relevos y el afán expansionista que lleva a que la violencia y la criminalidad aumenten.

En Medellín, donde el crimen urbano, e incluso rural, es amo y señor de la mayor parte de los territorios, todavía se discute si, en aproximadamente el 70 %, hay cogobierno criminal, paraestado o habita en ellos una delincuencia simple y silvestre que no afecta en nada la legitimidad del Estado y mucho menos mina la estrategia de seguridad urbana. Es claro que hay fortalecimiento y consolidación de estructuras paramafiosas con poder de fuego real, finanzas robustas, territorios extensos donde se controla la mayor parte de la ciudadanía, a pesar de la decidida acción de las instituciones del Estado.

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Al hablar de confrontación armada se pensaría que las estructuras paramafiosas de La Oficina y las AGC están enfrentadas, aparentemente. El Pacto del Fusil, acordado en julio de 2013, se mantiene por ahora, frágil, pero vigente, para fortuna de Medellín, el Valle de Aburrá y el resto de Antioquia, sin embargo, en la Oficina del Valle de Aburrá el panorama no pinta bien; fuentes ubicadas en la cúpula de la estructura le han confirmado a la Agencia de Prensa Análisis Urbano que hay una fuerte tensión interna. Las dos líneas de La Oficina, según dicen en los barrios: «están que se “arrancan”»; por ahora no lo han hecho, pero sí han patrocinado el enfrentamiento de las bandas en varias comunas y un corregimiento de la ciudad, lo que demostraría que estamos ante la posibilidad de la guerra abierta. Las cifras que se muestran no mienten, faltan datos porque se desconoce el número de desaparecidos, pero hasta hasta la fecha se tiene que:

Homicidios por comuna enero-septiembre

2017-2018

Comuna Homicidios – 2017 Homicidios – 2018
4-Aranjuez 18

29

7- Robledo 45 39
8-Vilahermosa 17 18
10-Candelaria 64 87
11-Laureles 11 19
12-La América 9 24
13-San Javier 31 63
15-Guayabal 19 22
16-Belén 37

38

(Los datos son tomados del SISC de la Secretaría de Seguridad de Medellín del 1 de enero de enero al 24 de septiembre de 2018).

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¿Por qué hay guerra fría en la Oficina?

Para hablar de lo que ocurre actualmente es necesario remontarnos a la época de la guerra de La Oficina ocurrida entre el segundo semestre de 2007 y que se extendió hasta finales de 2010 —aunque algunos estudiosos argumentan que fue hasta el 2012, sin embargo la ciudad tuvo una especie de «calma chicha» hasta el primer trimestre del 2012 cuando oficialmente inició la guerra entre los Urabeños (AGC) y La Oficina que terminó el 13 de julio de 2013—.

La guerra de La Oficina no fue otra cosa que el enfrentamiento entre dos líneas, una dirigida por Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, y la otra por Ericson Vargas, alias Sebastián, por el control de Medellín, el Valle de Aburrá y algunos bastiones como La Pintada en el Suroeste; El Peñol y Guatape en el Oriente, entre otros, y por ende también se luchaba por quién asumía la supremacía del crimen urbano.

A finales de 2007 ya había enfrentamientos armados, homicidios, pero la guerra se agudizó después de la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el 13 de mayo de 2008. Esta confrontación se prolongó hasta finales de 2010, una guerra urbana que produjo más de 6.000 homicidios. A pesar de terminar la lucha armada quedaron fracturas adentro de la línea de mandos sobrevivientes, desconfianza, venganzas, ambiciones se mantienen a la fecha.

Cuando se retira alias Valenciano, Sebastián empieza a reorganizar La Oficina en la parte militar, las finanzas, los territorios, las relaciones públicas e institucionales. Esta estructura criminal va más allá de jefes, subjefes y coordinadores, por encima de ellos hay una junta directiva que representa clanes y familias mafiosas que auspician el paramilitarismo y las actividades delictivas; más arriba están los patrones y posteriormente los patrones de patrones, toda una jerarquía en el bajo mundo urbano y rural en el Valle de Aburrá, principalmente.

Esta reorganización termina bruscamente cuando es capturado Ericson Vargas Cardona el 8 de agosto de 2012, en momentos que consolidaba el poder criminal y enfrentaba la guerra con las AGC. Su captura llevó a que se tensionaran aún más las relaciones internas en La Oficina, las fuentes aseguran que ya algunos jefes y subjefes estaban planeando arrebatarle todo a Sebastián, eso incluía sus bienes personales; por fortuna para él, logró dejar amigos con poder armado que se opusieron a la rapiña y obligaron a que se respetase al jefe recién capturado.

A partir de esto nada fue igual en las entrañas de la poderosa estructura criminal, quedó demostrado que algunos jefes y subjefes no tenían reparo para traicionar o delatar. En medio de la lucha con las AGC y posteriormente con la llegada del Pacto del Fusil que puso fin a la confrontación armada, la cúpula militar de La Oficina se dedicó a reorganizarse, fortalecerse más, pero quedó demostrado que las fisuras continuaban a pesar de la existencia de una dirección colegiada de corte horizontal donde todos opinaban y tomaban decisiones colectivas.

Todo marcho más o menos bien adentro de la estructura criminal hasta la captura de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, después de enero de 2018. Es entonces cuando se reabren las rencillas y aumentan las ambiciones y la lucha por el poder. Dos líneas militares, cada una con sus respectivos padrinos mafiosos y paramilitares, así lo demuestran: la Alianza Criminal del Norte que agolpa casi el 80 % de la criminalidad urbana y la Confederación Criminal, con un 20 % aproximadamente, el resto lo tienen las AGC, Los Triana, La Agonía, Mondongueros, La Imperial, entre otras bandas.

Unos y otros siguen auspiciando la disputa a veces cruenta y otras disimulada y silenciosa, la aparición de cuerpos desmembrados, embolsados, arrojados al río, ataques sicariales dirigidos, desapariciones, enfrentamientos en zonas de la ciudad dejan percibir la tensión, pero oficialmente la guerra no arranca.

Sin embargo, el aumento de estas tensiones con su respectiva dosis alta de violencia y criminalidad ha llevado a Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla e incluso al recién posesionado presidente de la República, Iván Duque, a pensar que la extradición es lo único que logra ponerle el tatequieto a los jefes criminales. Por tal motivo ya se entregaron los expedientes de cinco jefes criminales que mueven el aparato militar de La Oficina: alias Carlos Pesebre, Douglas, Tom, Lindolfo y Pichi Belén —quien apenas comenzaba el ascenso como jefe militar de unos territorios de la Línea 80 y su perfil no da para ser jefe de la Oficina del Valle de Aburrá, aunque de eso es acusado, pero los verdaderos jefes siguen en la calle, Estados Unidos sí que lo sabe—.

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Cuando ya se habló de extradición con firmeza y se pasó del discurso mediático institucional a los hechos concretos, se desató el nerviosismo y la paranoia de muchos de los jefes capturados y de otros que saben que caerán de un momento a otro, algunos están intentando, a través del dinero, comprar tiempo y, en su defecto, reversar la extradición, pero Estados Unidos ya los tiene en su radar y, a diferencia de Colombia, en la Justicia americana es casi imposible comprar un fiscal o un juez federal.

Es claro que toda la cúpula militar y financiera de la poderosa Oficina está en la mira de los Estados Unidos desde hace más de una década. Un exagente de la DEA afirmó a la Agencia de Prensa Análisis Urbano que «Nos demoramos, pero les llegamos; la justicia norteamericana ni las agencias como la DEA, ICE, FBI, CIA, nunca se olvidan de los criminales que han conspirado u obstruido la justicia, contra Estados Unidos, tarde o temprano les llega su turno».

La Cúpula de la Oficina no evitará la extradición, dice abogado de EU.

Ante una coyuntura como la que se presenta hoy, con una Ley de Sometimiento incipiente —1908 del 9 de julio de 2018— y el fantasma de la extradición que ronda al crimen urbano y rural, La Agencia de Prensa Análisis Urbano decidió buscar a un experto en los temas de justicia americana y el instrumento de la extradición. Consultamos al abogado Luis I. Guerra, ciudadano norteamericano que conoce bien el sistema de justicia de su país y con quien fortalecer el análisis de tan compleja situación que atraviesa el Valle de Aburrá y el resto de Colombia, un crimen urbano y rural en expansión y la conquista y la colonización del crimen trasnacional con rostro mexicano.

El jurista trabajó como abogado Federal del gobierno de EE. UU. por diezaños, empezó a trabajar en Colombia en 2006, en la época de la desmovilización parcial de los paramilitares; entre sus clientes están Jesús Sánchez Jiménez, alias Scooby; Luis Caicedo Velandia, alias don Lucho; Shirley Colorado Herrera, alias la Señora de las Uñas —la jefa más grande de Cali—; y ahora está con Carlos Ortiz y José Piedrahíta Ceballos. Además asesoró a Diego Fernando Murillo Bejarano, pero no fue su abogado, e igual pasó con Mancuso y Mueble Fino a través de otro abogado y con varios miembros de Los Comba. Le preguntamos.

Análisis Urbano: ¿Cuál es su opinión sobre el caso que se está formando contra la Oficina de Envigado en EE. UU.?

Luis I. Guerra: Pues no sería una opinión. Se conoce que la DEA, específicamente el grupo 10 de Miami, está a cargo de este caso. Cualquier abogado que ha tenido casos involucrando ese grupo sabe que son muy agresivos y muy persistentes. Mas, los dos Fiscales SDFL (Distrito Sur de La Florida) manejando este caso, son expertos en el manejo de casos involucrando colombianos y son expertos en la ley colombiana. Es el mismo grupo que manejó el caso contra alias Mi Sangre.

AU: ¿Hay posibilidad de que jefes militares y financieros de la Oficina de Envigado puedan escapar a un proceso de extradición?

LIG: No es mi primera experiencia con este tipo de casos, he manejado muchos similares.  Un hecho que es inescapable cuando la DEA o el FBI se enfoca en un objetivo, no paran hasta que lo logran.

Tienen los mejores agentes, mejores fiscales y toda la plata en el mundo del gobierno federal. No paran hasta que estos señores estén en una cárcel en EE. UU.  Más aún, tienen a su disponibilidad herramientas muy fuertes (como la lista Clinton) que todavía no han usado a su máxima capacidad.

Y algo que sabemos nosotros los abogados americanos en este mundo: los americanos se han enfocado en la Oficina de Envigado. Nadie se escapa si no es que ellos deciden dejarlos por afuera.

El truco es tratar de convencerlos de que lo dejen a uno por afuera o, si no es posible, negociar lo más pronto posible es la salida.

Y cuando digo que nadie se escapa, es que aún alguien hoy encarcelado por delitos en Colombia, igual llega a EE. UU. Cuando terminen la pena por ella [sic], regresarán a Colombia a terminar su pena ahí.

AU: ¿Cuál y como sería un caso contra estos jefes?

LIG: la ley de conspiración de los americanos es muy interesante. Y es muy amplia.  Entonces si yo cobro una vacuna para que alguien mueva su mercancía por mi territorio, yo estoy en esa conspiración. Si yo cobro una deuda de una transacción de narcotráfico, yo entro en esa conspiración. Si yo entro en una guerra para controlar un área para poder cobrar una vacuna o hacer un cobro, estoy conspirando con cualquiera que está traficando por esa zona. Y si tengo algún conocimiento o entendimiento que lo que pasa por mi zona va a llegar a EE. UU., eso es un crimen en los EE. UU.

AU: ¿Cómo podría unos de estos jefes arreglar con los americanos?

LIG: Sería, en mi opinión, la mejor manera de manejar estos tipos de casos generalmente.  La mejor manera sería contratar un abogado norteamericano que haga un enlace con los agentes y fiscales manejando el caso. Negociar el mejor resultado depende mucho cuando uno decide hacer el enlace. Si llega tarde a la fiesta, puede que no caiga comida. Es el dicho que manejamos en mi país.

Sostuvo finalmente el abogado Luis I Guerra:

LIG: La pregunta sigue siendo: ¿será que los americanos pueden armar un caso contra la cúpula de la Oficina de Envigado, y si lo pueden hacer, cómo sería ese caso? La respuesta es sencilla: obvio que lo pueden hacer y obvio que ya lo están preparando. La pregunta no debe ser si pueden, debería ser: ¿cuándo llega ese tsunami a Medellín?

Si uno estuviera poniendo atención, sería muy claro que la Oficina de Envigado ya ha estado en la mira de los americanos por años. El terremoto lejos en el mar que causará ese tsunami pasó hace casi cuatro años cuando miembros de ella, la Oficina de Envigado, empezaron a aparecer en la lista Clinton (Tom y Los Chatas han estado en el listado desde el 2014).  Los americanos ya, desde ese entonces, estaban preparando su gran obra contra la Oficina de Envigado. Con la ayuda del pueblo colombiano, el Indictment (cargos oficiales)  contra la Oficina de Envigado ya casi es un hecho.

El mejor paso para los jefes de esta será que vean ese tsunami y que se preparen lo mejor posible para sobrevivir a esa ola que está por llegar.

¿Cómo lo pueden hacer? Empezar a arreglar con los americanos lo más pronto posible y, tratar de obtener beneficios con los americanos y los colombianos a la misma vez.

Desafortunadamente, la historia se repite en este caso igual que pasó con los paramilitares, después con Los Urabeños, y más recientemente con los FARC. personas de nacionalidad colombiana, prometiendo cupos y arreglos para prevenir la extradición, cobran millones de dólares con promesas falsas de arreglos con miembros del gobierno que pueden arreglar para prevenir la extradición.

Esas promesas falsas solo causan que el acusado piense que con el dedo puede cubrir la luna y cuando al fin se enteran de que no es así ya es muy tarde. La ola ya lo tiene arriba.

Lo que sí es claro del gobierno de Duque y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, no solamente van a ayudar a los americanos en esta labor, pero que ya lo están haciendo.  Miembros de la Oficina de Envigado, arrestados por crímenes colombianos, no evitarán la extradición. Igual que esos que por ahora están libres, no existirá una impedimento a la extradición. ¡El que la hace, la paga!

Parte de la confusión es que mucho de los implicados en estos crímenes internacionales  no entienden bien la ley de conspiración de los americanos y ven sus delitos como asuntos de Colombia. Esta mentalidad está apoyada por abogados colombianos que igual no entienden la ley de conspiración o no les conviene explicárselo a sus clientes que pronto estarán en una cárcel en EE. UU.

Pero como la historia ya ha enseñado, esta mentalidad es un error. Solo necesitamos pensar en los anteriores jefes de la Oficina de Envigado, de Los Urabeños, de Los Rastrojos, etc.  Los crímenes que alegan los americanos que cometieron los jefes de la Oficina de Envigado son iguales a esos que usaron contra miembros de otras Bacrim —narcotráfico y lavado de activos—; crímenes que llevan penas de hasta 20 y 30 años máximo, respectivamente.

Mas, la Oficina de Envigado, igual que los Urabeños y los Rastrojos, nunca recibieran protección como un grupo político por el Gobierno. Ahora Iván Duque ha manifestado que su deseo es extraditar personas asociadas con la Oficina de Envigado, por ejemplo, ya firmó extradición de José Byron Piedrahíta Ceballos.

Entonces, con eso en mente, ¿cómo será posible un arreglo con los americanos para maximizar los beneficios al acusado y al pueblo Colombiano?

Teniendo en cuenta las declaraciones de Luis I. Guerra, es indudable que en Medellín y el Valle de Aburrá Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla e Iván Duque se juegan una importante carta, buscar extraditar a los jefes militares y financieros de la Oficina. El acto pareciera ser loable y contundente, no merece cuestionarse; ¿cómo un puñado de criminales puede tratar de poner en jaque al Estado y la sociedad y no recibir una fuerte respuesta?   Pero sí necesita precisarse y evidentemente mostrar los pro y los contras.

Espere la segunda entrega de este análisis: ¿Qué consecuencias traerá la extradición de la cúpula de la Oficina y las AGC a Estados Unidos? ¿La extradición si servirá para desmantelar el crimen? ¿Será que nuestros gobernantes y servidores públicos saben y están preparados para lo que podría desatar la extradición de la Oficina?

 

 

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