Es urgente la depuración y transformación de la Policía

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Foto: Guillermo Torres

03 agosto 2013, Revista SEMANA.

Cómo y con quién reformar la Policía

Por León Valencia

OPINIÓNSi el asunto es contribuir a la democratización del país, el lugar de la Policía es el Ministerio del Interior. Es así de simple.

Todo clama por una reforma a la Policía: la corrupción, el posconflicto que se viene, la intensificación de la indignación ciudadana y de la protesta social, la asombrosa transformación del crimen organizado, la necesidad imperiosa de salir de esta democracia precaria.  

Así parece entenderlo el presidente Santos, así lo han dicho el anterior director Óscar Naranjo y su reemplazo el general José Roberto León Riaño, así lo han expresado todos los analistas que comentaron la idea de retirar la Policía del Ministerio de la Defensa y crear un Ministerio de la Seguridad. Todos hablan de la imperiosa necesidad del cambio, pero la propuesta inicial es pobre y errática.  

 

Muy acertado el general Naranjo en su columna de El Tiempo cuando habla de la inconveniencia de utilizar la expresión “manzanas podridas” para señalar el fenómeno de corrupción en la Policía. No hay hechos aislados. Siempre estas manzanas contaminan a las otras. Y termina con una frase lapidaria: “Derrotar la corrupción es el punto de partida de las grandes transformaciones que el país reclama”.

 

El general León Riaño utilizó por su parte la figura “depurar la Policía” y habló de conformar un grupo especial de contrainteligencia encargado de detectar a los uniformados que tienen nexos con la delincuencia y el narcotráfico. 

 

La connivencia de un importante sector de la Policía Nacional con fuerzas ilegales, es, quizás, el fenómeno más escandaloso y abrumador, pero no son menos importantes las limitaciones que tiene la Policía para atender las demandas de un país en posconflicto. 

 

No está preparada para sustituir algunas de las funciones que cumple la guerrilla en los 242 municipios donde tiene algún tipo de presencia. Un hecho clave. Porque sí, y solo sí,  el Estado logra entender cómo la subversión armada regula conflictos y controla territorios es posible construir una institucionalidad y forjar una ciudadanía que garanticen una paz estable y duradera.

 

Tampoco tiene ni la actitud ni la preparación para establecer una relación complementaria y armónica con los alcaldes de 24 ciudades críticas en tasas de homicidio y en delitos de alto impacto, donde hay una gran presencia del crimen organizado que ahora está mutando hacia redes sin jefes visibles,  con enormes capacidades para controlar mercados y rentas y con habilidades especiales para medrar en estructuras sociales y políticas.   

 

Poco se habla del rol democrático de la Policía. Pero no es posible hablar de una democracia avanzada si los cuerpos policiales no saben atender las protestas legítimas de la ciudadanía y acuden a la represión como fórmula para conjurar la indignación de la población, si no son capaces de proteger las instituciones de la grave cooptación de las mafias y si no están hechos para perseguir los innumerables y graves delitos electorales que campean en nuestro país. Ahí está el quid para despojar a la institución de sus rasgos autoritarios y para desmilitarizarla de verdad.

 

Si el asunto es contribuir a la democratización de la sociedad, sustituir tareas y funciones que cumplen ahora los ilegales en el territorio, construir ciudadanía, trabajar en armonía con los alcaldes, proteger derechos, servir de cancerberos de las instituciones y, claro está, perseguir el crimen,  el lugar de la Policía es el Ministerio del Interior. Es así de simple. Crear un nuevo ministerio con la seguridad como emblema es ahondar muchos de los problemas que hoy tiene el cuerpo policial.

 

En este orden de ideas lo que procede es una doble reforma: la del Ministerio del Interior y la de la Policía Nacional. Y para liderar esta tarea el más indicado no es el general Óscar Naranjo con toda la admiración y el respeto que le tengo. Naranjo está aún impregnado de las lógicas que han animado a la Policía en las últimas décadas al lado del Ministerio de la Defensa, necesitamos nuevas miradas. También él necesita tomar distancia para asumir su destino político.

 

Es obligatorio acudir al ministro del Interior y conformar una comisión con un representante de los alcaldes, alguien representativo de las organizaciones sociales y del sindicalismo, el director de la Policía por supuesto, quizás un obispo de trayectoria en temas de convivencia y algunos expertos en cuestiones de seguridad en clave de posconflicto, no en clave de guerra. 

 

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