Antioquia, Colombia, 26 diciembre de 2024.- Con una tasa acumulada que, a finales de diciembre, podría llegar a 65.9 casos por cada cien mil habitantes, la región del Bajo Cauca se proyecta como la segunda zona más peligrosa del departamento y donde el derecho a la vida es más sensible y vulnerado. Esta situación se refleja en un aumento de muertes violentas, que pasaron de 111 en 2023 a 177 en lo que va del año. Sin embargo, Nechí destaca como el único municipio de la región en el que los homicidios han disminuido, con una reducción aproximada del 71.4% en las cifras reportadas.
Los municipios donde se han registrado incrementos en los casos de violencia incluyen a Cáceres, que presenta un aumento del 88.9%, pasando de 18 a 34 casos. Este municipio es conocido por su riqueza en minerales, especialmente oro, lo que a menudo actúa como un incentivo para la violencia.
En la región del Bajo Cauca, los homicidios han experimentado un preocupante aumento en varios municipios, reflejando la intensificación de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Este fenómeno, ligado a intereses estratégicos y económicos, subraya la crisis de seguridad en la región.
En Caucasia, los homicidios aumentaron un 56.5%, pasando de 46 casos en 2023 a 72 en 2024. Este municipio, considerado un punto estratégico para el tráfico de drogas y la minería ilegal, se ha convertido en escenario de confrontaciones entre grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), «Los del Bajo» (antiguos Caparrapos) y otras estructuras ilegales.
Tarazá registró un alarmante incremento del 133.3%, con casos que subieron de 12 a 28. Su ubicación estratégica en rutas de movilidad y su riqueza minera lo convierten en un territorio clave para los actores armados, quienes disputan el control del área.
En El Bagre, los homicidios pasaron de 19 a 29, representando un aumento del 52.5%. Este municipio enfrenta una dinámica similar, donde los recursos minerales y las rutas fluviales son objetivos estratégicos para las estructuras criminales.
Grupos Armados y Dinámicas de Violencia
En el Bajo Cauca operan varios grupos armados ilegales, con intereses comunes en el control territorial y la explotación de economías ilícitas:
- El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido erróneamente como el Clan del Golfo, ha dominado gran parte del territorio del Bajo Cauca desde 2016, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Su principal objetivo es alcanzar la hegemonía territorial y mantener el control de recursos estratégicos en la región.
- Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) o «Los del Bajo»: Aunque han perdido influencia, siguen vinculados a actividades de sicariato y control de áreas específicas.
- Ejército de Liberación Nacional (ELN): Tiene presencia en zonas estratégicas, especialmente en límites con el norte y nordeste de Antioquia, y colabora con disidencias de las FARC-EP.
El control territorial en esta región es impulsado por tres factores principales:
- Minería ilegal: La riqueza en oro y otros minerales genera importantes ingresos para los grupos ilegales.
- Tráfico de drogas: Las rutas fluviales, como los ríos Cauca y Nechí, y las carreteras rurales sin pavimentar, son esenciales para el transporte de sustancias ilícitas.
- Corredores de movilidad estratégica: Estas áreas permiten el tránsito de recursos y combatientes, intensificando las confrontaciones.
Impacto Humanitario y Derechos Humanos
Las disputas entre grupos armados han generado graves violaciones a los derechos humanos, como homicidios selectivos de líderes sociales, desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores. Municipios como Cáceres, Tarazá, Zaragoza y El Bagre enfrentan un alto riesgo, especialmente en zonas rurales donde se concentra la violencia.
Soluciones y Recomendaciones
La violencia en el Bajo Cauca es un fenómeno complejo que requiere un enfoque integral. Es urgente que el Gobierno de Gustavo Petro acelere las negociaciones en el marco de su política de «Paz Total», garantizando:
- Canales humanitarios seguros: Espacios protegidos para la población civil, con acceso a servicios esenciales como salud y educación.
- Acuerdos específicos en las negociaciones: Que incluyan la protección de la población civil y el cese de prácticas como el reclutamiento forzado.
- Fortalecimiento institucional: Combatir las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades, promoviendo un desarrollo inclusivo.
La solución a la crisis del Bajo Cauca no solo implica detener las hostilidades, sino también abordar las causas profundas que perpetúan la violencia, asegurando un futuro sostenible y seguro para sus habitantes.
A.U.