Con el propósito de garantizar un ambiente sano y seguro para los menores de edad, mitigar el consumo de drogas y licor en esta población y mejorar las condiciones de seguridad en la capital del país, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, tiene listo un proyecto de decreto que restringe la ingesta de alcohol y de estupefacientes en el espacio público.
Jairo García, secretario de Seguridad y quien lidera esta iniciativa, explica que esta medida se toma en respuesta a lo ordenado por la sentencia C-235 de 2019 de la Corte Constitucional, que “ratifica las competencias que tienen las alcaldías para reglamentar comportamientos que no hayan sido regulados por la ley”.
El periódico El Tiempo habló con García (S. S.) y con el secretario de Gobierno, Iván Casas (S. G) para aclarar las primeras dudas que surgen alrededor del proyecto que, en este momento, está abierto a recomendaciones a través de la página web www. scj.gov.co y del correo publicacionesley1437@scj.gov.co.
¿Cómo va a funcionar?
S. G.: Una vez entre en vigencia el decreto, la comunidad podrá ponerse en contacto con la Policía a través de la línea 123 o del cuadrante para informar que alguien está consumiendo drogas o licor en el espacio público. El Policía que acuda en un primer momento le pedirá al señalado que cese la conducta. Si la persona hace caso omiso, el agente podrá ponerle un comparendo tipo 2 por 220.000 pesos. Luego, el sancionado puede pagarlo si reconoce que incumplió la norma o si lo considera pertinente, puede apelar ante un inspector de Policía.
¿Cuándo comienza a regir el decreto?
S. S.: Tenemos cinco días hábiles para recibir sugerencias y a todas les daremos respuesta. Hacia el lunes y martes de la próxima semana podría sancionarse.
Si se restringe el consumo en parques, plazas y en el radio de 200 metros de instituciones educativas, casi toda la ciudad queda con restricción.
Además, Fenalco asegura que el comercio se vería afectado. ¿Qué responden a esto?
S. S: El objetivo del decreto es que nuestros niños y adolescentes disfruten el espacio público. Al año, 330.000 ciudadanos llaman al 123 para que el consumo no afecte la tranquilidad de los parques de Bogotá. Nunca hemos pensado afectar el desarrollo económico: una cosa es tomar en el establecimiento comercial y otra, que se esté consumiendo por fuera. Vamos a tener las conversaciones necesarias con los gremios.
¿Tenemos toda la capacidad policial y en el 123 para atender una mayor ola de denuncias?
S. S: Hemos hecho esfuerzos en la modernización del 123 y vamos a hacer todo el control. Pero hay que contar con el compromiso ciudadano. Por más decreto que haya, si no hay disposición para reconocer que la prioridad es que el espacio público es un lugar para disfrutar en condiciones en las cuales los menores no se vean afectados. El decreto invita a entender que lo podemos hacer mejor sin afectar la vida en comunidad.
¿Hasta dónde llegará la norma?
S. G.: El decreto contempla la restricción para espacios públicos y para aquellos espacios privados, afectos al público, como zonas comunes en conjuntos residenciales. Ahora, sí se podrá hacer la fiesta en el salón comunal, con consumo de alcohol, bajo las normas de propiedad horizontal.
¿Se diferenciará entre un consumidor recreativo y un adicto? En Bogotá tenemos habitabilidad en calle…
S. S.: En ese caso estaremos trabajando de la mano con la Secretaría de Integración Social. Claramente, la prevención y la atención del consumo siguen siendo un problema de salud pública. Por eso, en ciertos puntos de espacio público en Bogotá vamos a seguir trabajando sobre la venta y el consumo. Seguiremos desarticulando bandas dedicadas a la venta de estupefacientes y la Secretaría de Salud seguirá haciendo trabajos de prevención y educación. Por eso es importante entender que la llamada al 123 servirá no solo para poner comparendos sino para alertar sobre personas que necesiten atención en salud.
¿Cómo armoniza este proyecto de decreto con lo dicho por la Corte Constitucional hace unos meses, que levantó la prohibición por afectar derechos como el del libre desarrollo de la personalidad?
S. G.: Parte de la ciudadanía no quería que se perdiera el trabajo de recuperación de los parques y espacios públicos. Muchos se sentían desamparados porque el consumo no solo afecta la convivencia sino a los niños, niñas y jóvenes. Nosotros hicimos un análisis frente a lo que dijo la Corte, y esta fijó que las entidades territoriales podrían reglamentar el consumo en sus jurisdicciones. Con este proyecto de decreto nosotros reglamentamos el artículo 67 del Código de Policía de Bogotá, que indica cómo garantizar el goce del espacio público. Allí fijamos esa restricción particular: no se puede vender ni consumir alcohol o estupefacientes en parques, plazas, transporte público y entornos educativos.
Acá hicimos una ponderación de los derechos que están en juego: el derecho a la libre personalidad vs. los derechos de los niños. El bloque de constitucionalidad de nuestro país fija la prevalencia de los derechos de los niños y jóvenes sobre los otros ciudadanos. Y es pertinente: en Bogotá hay dos millones de consumidores frecuentes de alcohol y 68.000, de otras sustancias. Y un 25 % comenzó a consumir antes de los 15 años. Es claro: hay mayor vulnerabilidad en los jóvenes.
Tomado de El Tiempo
