Los arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos, los cuatro pueblos indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, le hicieron una solicitud de súplica a la Corte Constitucional para que resuelva de fondo y de manera inmediata sus derechos fundamentales, territoriales, culturales y ambientales.
En una carta firmada por Rogelio Mejía Izquierdo, gobernador del cabildo arhuaco del Magdalena y La Guajira, los indígenas afirman que este proceso lleva más de un año en el tribunal constitucional, un fallo unificado de dos acciones de tutela y un auto que no han llegado a buen término.
“Por este medio electrónico legítimo pedimos que se dé respuesta de manera inmediata al derecho de petición de fondo del pueblo arhuaco. La Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano”, cita el pronunciamiento.
Los indígenas le piden a la Corte que le informen al presidente Iván Duque y a los miembros de su Gobierno, que están viviendo la peor época en toda la historia de vida republicana en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Todos los males o plagas que habían llegado y que mediana o moderadamente se había detenido, están recrudecidos con intensidad en el Gobierno actual”, denuncian.
Afirman que la industria minero energética se está enquistando con fuerza en el territorio ancestral y que la guaquería volvió a practicarse en alta proporción después de tres décadas de haber mermado.
“La minería ilegal llegó y se quedó en este Gobierno. Los cultivos ilícitos, como la hoja de coca, volvieron al territorio ancestral, y el turismo está como caballo desbocado, acabando con nuestra cultura y lugares sagrados”.
Según la comunicación enviada a la Corte, en la zona de ampliación de los resguardos muchos predios fueron comprados por cientos de turistas extranjeros, como italianos, israelíes, ingleses y españoles, “quienes han construido lujosos hostales. Todo porque la Agencia Nacional de Tierras no quiso comprar los predios y el Gobierno del presidente Duque suspendió el Programa Guardabosques Corazón del Mundo”.
Denuncian que en ningún Gobierno como el actual se han descuidado tanto las acciones sociales, humanitarias y ambientales en la Sierra Nevada. “La muerte, hostigamiento y amenazas son el pan de cada día en esta importante reserva ecológica, donde se libra un verdadero control territorial por los grupos armados ilegales con la anuencia del Gobierno y sus fuerzas militares. La fuerza pública está librando su peor batalla en la historia, riñas internas y corrupción que evitan una protección por parte de la Policía y el Ejército”.
Para los indígenas, el Gobierno violenta y desconoce el Decreto 1500 de la Línea Negra en agosto de 2019. “Lo primero que hizo la exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue pedir un concepto a una firma de abogados para tratar de tumbarlo. Y para terminar el colmo de males nos llegó la pandemia de la covid-19 y con ello la discriminación”.
Aseguran que el actual Gobierno no ha querido implementar una política de atención diferencial con enfoque étnico. “No nos están atendiendo y nos estamos muriendo de hambre porque no hay proyectos productivos. El único beneficiario es el presidente, quien antes de la pandemia contaba con una desaprobación de 70 por ciento y gracias a la crisis su popularidad ascendió a 69 por ciento”.
La carta denuncia que ningún otro presidente en toda la historia tiene todas las cámaras y micrófonos abiertos de seis a siete de la noche, “a través de los cuales anuncia billones y billones de pesos, pero a los más débiles, los indígenas, no nos atiende a sabiendas que en Colombia nuestros pueblos se han muerto más por enfermedades que por la propia guerra”.
El pueblo indígena arhuaco, en jurisdicción de los municipios de San Juan del Cesar y Dibulla en La Guajira, y Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación en Magdalena, está en riesgo de exterminio físico y cultural. “Por eso, le solicitamos a la Corte Constitucional que investigue lo acá denunciado y ponga en conocimiento de manera preventiva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
“Estamos a un paso de agotar las reclamaciones e insistencias ante el ordenamiento jurídico de Colombia. Acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un requerimiento jurídico que es solamente informativo y preventivo, puesto que no se rigen por el artículo 23 de la Constitución Política”.
El llamado de los indígenas fue enviado a José Fernando Reyes, magistrado de la Corte Constitucional; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Negret, Defensor del Pueblo; Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tomado de Revista Semana
