Muchas hipótesis se han hecho sobre lo que podría suceder con los implicados en la muerte de dos niños de 7 y 10 años que consumieron por error un analgésico llamado tramadol. Los hechos ocurrieron en Bogotá, el pasado martes 21 de enero.
La madre de los menores les suministró este medicamento creyendo que era albendazol, un antiparasitario que el médico de su EPS les formuló. Al parecer, una empleada de una sucursal de Cruz Verde se equivocó en la entrega de este medicamento. La cadena de droguerías, en un comunicado, lamentó los hechos y aseguró que se trató de un error de la funcionaria que atendió a la madre de los menores.
“Se violaron los protocolos para la dispensación de fármacos establecidos por la organización, así como la capacitación que se le provee a cada uno de los empleados», dice el escrito. De acuerdo con el comunicado, la funcionaria fue despedida inmediatamente.
Así mismo, la Secretaría de Salud se pronunció el pasado viernes sobre la muerte de los niños y aseguró que esa sede de Cruz Verde será cerrada temporalmente por fallas encontradas en los procesos de almacenamiento y dispensación de medicamentos. Y anunció la apertura de una investigación contra la persona jurídica Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S.
La revista Semana habló al respecto con el abogado penalista Iván Cancino y le consultó sobre qué acciones legales se podrían tomar contra las personas implicadas en este caso.
Según Cancino, desde el punto de vista penal es difícil encontrar una responsabilidad de los papás. “Uno puede decir: ¿Por qué no revisaron los medicamentos? Pero normalmente, las personas confiamos en que la droguería nos da el medicamento correcto. Muchos no revisamos y consumimos el producto porque estamos confiados”, dice.
También señala que la droguería, como persona jurídica, no tendría responsabilidad penal. “En Colombia las personas jurídicas no responden penalmente. Responden en los perjuicios económicos que se le pudieron causar a la familia, pero no con una pena”. En este caso, quien podría enfrentar una pena por un delito penal sería la persona que entregó el medicamento a la madre de los menores.
Cancino explica que hay que examinar el comportamiento de la persona que la atendió y determinar si habría una infracción al “deber de cuidado y eso da para un homicidio culposo.” Cargo que se se podría conciliar económicamente. “Si un perito dice que la expectativa de vida de esos niños era tanto y el daño moral que ocurre es este, se le puede poner un valor a esa expectativa de vida y a ese daño moral» que deberá ser pagado por el demandado de encontrarse culpable.
Si no se llega a un arreglo económico, la condena sería de entre seis meses y cinco años. Y si «es la primera condena no va a pasar de entre dos meses y dos años”, dice Cancino.
Por el tipo de delito también es posible que la persona hallada culpable no vaya a la cárcel. Si acepta cargos “estaríamos hablando de una reducción en la mitad de la pena”, dice Cancino y agrega: “Si acepta su responsabilidad es probable que un abogado les aconseje conciliar y pagar los perjuicios y así eliminar el delito”.
En cuanto al posible cierre del establecimiento, el penalista afirma que para las droguerías hay una serie de requisitos como tener un personal calificado y especializado para algunas áreas, “si la farmacia cumple con todos los requisitos la sanción podría ser una multa, pero si no cumple algunas normas podría darse el cierre del local donde se entregó el medicamento, no de toda la cadena”.
Cancino recomienda tener más cuidado al visitar este tipo de establecimientos. Algunas farmacias «son laxas para vender medicamentos, los entregan sin fórmulas médicas y uno también confía que ellos le venden lo que uno necesita”.
Tomado de Revista Semana
