Guadalajara (México), 29 de agosto de 2022.- Las más de 100.000 personas desaparecidas en México y sus familias son estigmatizadas por las autoridades encargadas de buscarlas como una forma de aislarlas y normalizar el problema, concluyó un estudio hecho en Jalisco, estado del occidente del país.
“Por una parte, es una forma de eludir su responsabilidad en tener políticas de seguridad que impidan y prevengan las desapariciones. Por otra, es la mejor forma de excluirlos y justificar su incapacidad, su negligencia”, dijo este lunes a Efe Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez de la Universidad ITESO.
Nuño hizo parte del diagnóstico «Nadie merece desaparecer», presentado en el ITESO y que contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
El estudio recoge entrevistas con familiares de personas desaparecidas en Jalisco, estado que ocupa el primer lugar en desapariciones en el país con más de 13.400 casos.
Las víctimas denunciaron la estigmatización que viven por parte de policías, autoridades de la fiscalía estatal y por la misma sociedad.
“Quisieron tipificar a mi hija como la bailarina de ‘pole’ (tubo). No te equivoques: mi hija es licenciada. Es maestra. Es empresaria. Y desde un principio puse mis reglas: a mi hija la respetan y a mí me respetan”, dijo en el estudio Leticia Vázquez, madre de Erika, desaparecida en Puerto Vallarta.
El estudio se presenta en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, al que México llega con más de 100.000 personas sin localizar desde 1964.
Nuño aseguró que esta confrontación la viven los colectivos de familiares de desaparecidos en todo el país, pues criminalizarlos y etiquetarlos es un discurso que viene desde figuras como los gobernadores o los presidentes municipales y desde el Gobierno federal.
“(Dicen) que estas personas como en algo andaban, por cómo se vestían y actuaban se merecían que esto sucediera. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las y los funcionarios que dicen: se abatieron entre ellos mismos? Como si eso fuera una justificación de que no tuviéramos un país seguro”, indicó.
Este discurso también tiene la finalidad crear una falsa sensación de normalidad entre los ciudadanos, que suelen pensar que las personas «buenas» no pueden desaparecer, añadió.
“Es el inconsciente de pensar: a mí no me va a pasar, le pasa a otras personas que están en situaciones infortunadas, es pensar que esa realidad le pasa a otras personas”, explicó.
Además de las entrevistas con familiares, el diagnóstico incluye reflexiones con representantes de organizaciones civiles que acompañan a los colectivos, notas publicadas por medios de comunicación, además de un abordaje teórico con especialistas y recomendaciones.
EFE
