La procesada se habría apropiado, en 2018, de 130 millones de pesos dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de la comunidad Inga.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
PUTUMAYO, COLOMBIA. (13 ENE 2025) – Nidia Marizabel Becerra Marín, exalcaldesa del resguardo indígena Inga, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de peculado por apropiación. Según la investigación, la procesada habría desviado 130 millones de pesos destinados a la reconstrucción del sistema de acueducto de su comunidad en 2018.
Detalles de la investigación
El material probatorio recolectado evidenció que Becerra Marín no justificó el uso de los recursos que se encontraban en una entidad financiera. Labores de policía judicial determinaron que el dinero fue retirado gradualmente mediante cheques firmados por la exalcaldesa, situación corroborada en los extractos bancarios solicitados por las directivas de la comunidad indígena.
El caso fue llevado ante un juez con función de control de garantías en Puerto Asís, donde la Fiscalía presentó las pruebas que vinculan a la exmandataria con el presunto desvío de los recursos.
Captura y medida judicial
Uniformados de la Policía Nacional capturaron a Becerra Marín en el municipio de Orito (Putumayo) y la presentaron ante la justicia. Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Compromiso con la transparencia
Las autoridades destacaron la importancia de este proceso judicial como parte de los esfuerzos para combatir la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades vulnerables.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.