Excabecilla del Erp fue excluido de Justicia y Paz por atribuirse un crimen que no cometió

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Con el argumento de que “…es tan grave callar u omitir información como responsabilizarse de algo que no se hizo”, la Fiscalía obtuvo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla la exclusión de Rafael Antonio Simanca, alias Gilberto o el Viejo, excabecilla de un desmovilizado grupo disidente del Eln autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp).

En Justicia y Paz aparecen reportados 3.052 crímenes cometidos por esta organización entre 1996 y 2007. Inicialmente, alias Gilberto o el Viejo se atribuyó algunos de esos hechos y, cinco años después, reconoció un homicidio que no había sido incluido en su lista de confesiones, el del comerciante siriolibanés, Jamil Kasser Alí, ocurrido el 13 de febrero de 2004, en Magangué (Bolívar).

El exjefe del Erp señaló que ordenó el asesinato porque la víctima se habría negado a pagar extorsiones durante varios años y luego de intentos fallidos por secuestrarlo. La Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía recopiló una serie de testimonios y evidencias, y demostró que era falsa esa versión.

En las investigaciones se estableció que el Erp no hizo presencia en Magangué para el año 2004, y que desde 1998, un grupo de autodefensas denominado héroes de los Montes de María tenía injerencia criminal en esa zona. Finalmente, los familiares del comerciante asesinado negaron cualquier tipo de extorsión o intento de secuestro, declaración respaldada por otros exintegrantes del Erp, subalternos de alias Gilberto o el Viejo.

Los verdaderos responsables del crimen

Durante las indagaciones realizadas, la Fiscalía conoció que en junio de 2016, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos desvirtuó la versión de Rafael Antonio Simanca, en la que se atribuyó el crimen de Jamil Kasser Alí, y archivó la investigación.

El fiscal del caso encontró que el presunto responsable del asesinato sería William Ramírez Castaño, alias Román, en su condición de excabecilla del bloque héroes de los Montes de María de las extintas AUC, también desmovilizado. Ante Justicia y Paz, el postulado reveló que hombres a su cargo fueron responsables del homicidio.

Precisamente, por estos hechos está privado de la libertad y fue acusado en calidad de coautor del crimen, Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López. El proceso está en etapa preparatoria de juicio.

Entre las pruebas del fiscal de derechos humanos que ha investigado el homicidio del comerciante siriolibanés, hay varias comunicaciones telefónicas en las que Rafael Antonio Simanca, alias Gilberto o el Viejo, hablaba desde la cárcel La Picota, en Bogotá, con Arsecio Pérez, exalcalde de Magangué (Bolívar).

Los controles técnicos permitieron conocer que, posterior al diálogo entre Simanca y el exalcalde, este último llamaba a la señora Enilce López y juntos coordinaban un asunto que estaría relacionado con sumas de dinero. El tema es motivo de indagación.

Compromiso con la verdad

Con el material probatorio aportado por la Fiscalía, la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla ordenó la exclusión del excabecilla del ERP, postulado por el Gobierno Nacional para recibir los beneficios de la Ley 975 de 2005, luego de la desmovilización de esta organización.

La decisión judicial precisó: “los postulados que quieran acceder a los beneficios consagrados en la ley de Justicia y Paz, deben cumplir su compromiso de verdad durante todo el procedimiento de la ley 975 de 2005”.

En ese sentido, alias Gilberto o el Viejo quedaría expuesto a la justicia ordinaria, continuaría recluido y perdería cualquier privilegio de Justicia y Paz. Tendría que cumplir tres condenas en su contra: una de14 años de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas en concurso con reclutamiento ilícito; otra de 20 años y 6 meses de cárcel por secuestro extorsivo; y la última de 29 años de prisión por secuestro agravado en concurso con reclutamiento ilícito. De igual manera, debería responder por los 3.052 crímenes atribuidos a su organización.

Esta decisión fue apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

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