Este miércoles, el excomandante del Ejército Nacional de Colombia, Mario Montoya Uribe, comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de Justicia creado tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Esta es la primera versión ante la JEP del general retirado, como parte de la «etapa inicial» de su comparecencia, luego de que la ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas’ lo citara por el ‘Caso 03’, que investiga las ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate’, conocidas como «falsos positivos», según informa la Jurisdicción en su página web.
Montoya Uribe, quien firmó acta de sometimiento ante la JEP el pasado 17 de octubre de 2018, comparecerá el 12 y el 14 de febrero en una audiencia reservada donde estarán 41 víctimas y 15 representantes judiciales.
¿De qué lo señala la JEP?
Según la JEP, el comandante del Ejército entre 2006 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, «ha sido comprometido» en «por lo menos, 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del caso 03», que aseveran que desde la comandancia recibían órdenes de practicar ejecuciones extrajudiciales para mejorar los resultados operacionales y que el general ofrecía premios por aumentar las bajas. De igual modo, su comparecencia a sido solicitada por las organizaciones de las víctimas de los «falsos positivos».
Montoya Uribe, que fue conocido como uno de los «hombres fuertes» de la política de seguridad de Uribe, se encuentra vinculado al ‘Caso 03’ donde se han priorizado seis departamentos: Cesar, Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila, donde estaban acantonadas ocho unidades militares.
Se calcula que bajo sus órdenes se registraron más de 6.500 muertes, de las cuales más de 2.400 corresponden a civiles. Su defensa aduce que no se le puede atribuir responsabilidad por acciones de subalternos y que el acusado desconocía que se realizaban esos asesinatos.
Según la Fiscalía general hay 2.248 víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes, entre 18 y 30 años. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos creen que la cifra podría llegar hasta las 10.000 personas, mientras que habría unos 200.000 cuerpos sin identificar en fosas clandestinas, según Medicina Legal.
Estas muertes, afirma la Fiscalía en un informe presentado a la JEP, aumentaron «de manera sustancial» a partir del año 2002, y registraron su etapa más crítica entre 2006 y 2008, durante la Administración de Uribe.
El defensor de derechos humanos de la organización ‘Hasta encontrarlos’ Pablo Cala, entrevistado por RT, afirma que existe una política de Estado de persecución «con sistematicidad» de líderes sociales y excombatientes de las FARC.
En su opinión, la impunidad permite que esta violencia «se repita una y otra vez» en casos como los «falsos positivos» y las interceptaciones ilegales.
¿Qué proceso legal aguarda?
Al Montoya Uribe le corresponde rendir su versión de los hechos, momento en que «podrá hacer un reconocimiento de verdad» o «negar los hechos o aducir que carecen de relación con el conflicto», y estará sometido a penas alternativas, recoge la página de la JEP.
Si no contribuyera «con la verdad plena» iría a un «juicio adversarial», en el Tribunal de la JEP, y de ser hallado responsable de «graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario», pudiera ser condenado a hasta 20 años de cárcel.
Por el caso de los «falsos positivos», afirma la JEP, han rendido versión otros tres generales del Ejército: Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» y Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.
De igual manera, se ordenó la comparecencia de los generales activos Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, y de los generales retirados Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército, y Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.
Otros señalamientos
Tras la aparición de casi 200 cadáveres en Soacha (Cundinamarca) en 2008, explotó el escándalo de los «falsos positivos» por el que Montoya Uribe presentó en ese entonces su renuncia al cargo de comandante del Ejército.
El diario El Colombiano recoge que, según sus registros, también podría estar vinculado con la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, cuando estaba al frente de la Primera División del Ejército.
Del mismo modo, fue señalado de omisión durante la masacre de Bojayá (Chocó) en 2002 y de haber planeado una «falsa desmovilización», en la que se presentaron personas que no pertenecían al frente Cacica la Gaitana, perteneciente a las extinta FARC, en 2006.
Por otra parte, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia le abrió dos procesos por presunta relación con los paramilitares y exceso del uso de la fuerza durante la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín, en 2002.
El otro proceso se relaciona con supuestas ejecuciones presentadas como bajas durante el combate en los municipios de Valledupar y Santa Marta, mientras era comandante del Ejército.
Tomado de RT Actualidad
