Bogotá, 14 mar – Los tratos inhumanos que sufrieron víctimas del secuestro en Colombia fueron narrados por tres mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC vinculados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en hechos de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.
Los excomandantes Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez relataron, en tres diligencias a las que fueron citados por separado en el caso 01 del tribunal, los horrores por los que hicieron pasar a civiles y miembros de la fuerza pública que estuvieron en cautiverio incluso durante años.
La JEP, creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, también investiga crímenes de paramilitares y fuerzas del Estado durante más de 50 años de conflicto armado.
TRATOS INHUMANOS
Patiño rindió versión el pasado 4 de marzo sobre los tratos crueles que sufrieron los policías en los dos campos de secuestrados que comandó entre 1999 y 2000, lugares en los que los uniformados, encerrados en jaulas de alambre de púas, eran obligados «a hacer sus necesidades en bolsas» e incluso «en los recipientes donde comían».
«El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto», reconoció el compareciente al aceptar que «el daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande».
Uno de los casos por los que respondió fue el secuestro del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, retenido durante el ataque en 1998 a la base de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés (este), quien sufría problemas de salud mental y hasta hoy sigue desaparecido.
«Yo incluí al intendente Peña en la lista de secuestrados enfermos para ser entregados en intercambio humanitario, pero luego fue retirado», respondió al comprometerse a averiguar con otros excombatientes sobre lo que le ocurrió a Peña Bonilla, quien según algunos compañeros de cautiverio fue asesinado.
LA CRUELDAD CON LOS CAMPESINOS
Alfonso López Méndez, comandante del frente 27 de las FARC, uno de los más grandes de la extinta guerrilla, reconoció en la JEP que el frente llegó a tener 500 guerrilleros y 400 milicianos que hicieron presencia en regiones extensas de los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama, en el departamento del Meta.
El pasado 8 de marzo López Méndez «reconoció que el frente 27 se financiaba del cobro de la pasta base de coca, acumulando millonarios ingresos que le permitían ejercer el control territorial de vastas zonas, incluso construyendo carreteras en estas», detalló la JEP.
La mayoría de las víctimas acreditadas que presenciaron la diligencia eran campesinos de la zona que fueron secuestrados y recibieron torturas y tratos crueles por los guerrilleros que él comandaba.
«Las víctimas reportaron que además de ser torturadas y maltratadas, fueron obligadas a pagar sumas de dinero que iban entre 5 y 50 millones de pesos (entre 1.400 y 14.000 dólares) y que los dejaban sumidos en deudas y pobreza», informó la JEP.
El compareciente reconoció su responsabilidad como comandante del frente 27 y aceptó el daño causado a las víctimas, así como dio detalles sobre cómo los secuestros eran parte del control territorial que ejercieron, en particular sobre los campesinos cultivadores de coca y otros pobladores.
SECUESTRO DE MÁS DE 137 MILITARES Y POLICÍAS
Por su parte, Jhoverman Sánchez, tercero al mando del frente quinto hasta 1997 y luego comandante del frente 58, reconoció su participación en el secuestro de más de 137 miembros de la fuerza pública entre militares y policía entre 1998 y 2005.
«Sin embargo, ante los vejámenes que una de las víctimas directas de estos casos denunció haber sufrido en medio de su cautiverio, el compareciente respondió: ‘había otros mandos superiores a mí que se encargaban de esto. Nunca fui a ninguno de estos campamentos, quien enviaba o recibía las notas tampoco era yo, si no estoy mal quien se encargaba de eso era (Iván Márquez)'».
El pasado 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a ochos miembros del antiguo Secretariado de las FARC el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.
Según la JEP, en este proceso se investigan «más de 9.000 hechos» y hasta el momento 2.107 víctimas han sido acreditadas, pero en la primera etapa de la investigación la Sala de Reconocimiento «ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20.000».
La cifra, aunque escalofriante no sorprende si se tiene en cuenta que la Fundación País Libre llegó a contabilizar 3.706 casos de secuestro en el año 2000, no solo cometidos por las FARC y otros grupos armados ilegales sino por la delincuencia común, que en muchos casos hizo tenebrosas alianzas con los grupos guerrilleros a los que «vendía» cautivos.
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