El pasado 29 de agosto el país despertó con la noticia de que Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las extintas Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos, retomaba las armas en compañía de Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, entre otros.
Tras el revuelo nacional e internacional que esta noticia generó, en el ambiente quedó la sensación de que quizás con el llamamiento a las armas hecho por Márquez, muchos de los excombatientes, hoy en proceso de reincorporación, atenderían ese llamado.
Algunos sectores políticos vaticinaron lo peor: los exguerrilleros saldrían corriendo de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), para unirse al nuevo grupo armado ilegal que desde la selva anunciaba la segunda Marquetalia.
Las redes sociales se llenaron de mensajes que apuntaban en esta dirección, y a que el Acuerdo firmado entre Márquez y Santos, y que hoy tiene viviendo en la legalidad a 13.023 personas, no era más que una farsa y debía ser desconocido por el actual gobierno.
Mientras las redes hervían y los medios se encargaban de darle una y otra vez publicidad al video de Márquez desde la selva, en los ETCR los excombatientes en proceso de reincorporación luchaban contra las ‘fake news’ y la estigmatización que una vez más los devolvía a la guerra sin siquiera consultarlos.
En medio de esta agitación, el periódico La Opinión viajó hasta Caño Indio, donde permanecen 82 personas en proceso de reincorporación, y comprobó que, contrario a lo que muchos en el país creen, la voluntad de paz en este lugar sigue intacta.
‘De aquí no nos vamos’
Loida Eunise Sierra, conocida como Karina Galván, una de las lideresas del ETCR de Caño Indio, tiene clara su apuesta por la paz y resume dicho sentimiento con una frase certera: no quiero que ninguna madre viva lo que yo viví.
Ella, que sabe lo que implica no tener a su familia cerca por culpa de la guerra, lidera la Cooperativa Comprocat (Cooperativa Multiactiva de Compra y Venta del Catatumbo), de la que hacen parte 70 personas en Caño Indio.
“Ahora mismo estamos con un proyecto de 700 gallinas ponedoras, apoyado por el Programa Mundial de Alimentos. El valor es de $100 millones e iría de la mano con un proyecto de huertas productivas para personal en reincorporación del ETCR”, aseguró Karina, quien agregó que con estas iniciativas lo que buscan es generar ingresos para los que dejaron atrás la guerra y hoy le apuestan a la legalidad tras la firma del Acuerdo.
Este proyecto, que ya está aprobado y en unas dos semanas tendría su primer desembolso, se une al de una procesadora de yuca (amarga y dulce), que contará con el acompañamiento de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).
“Para este segundo proyecto hemos vinculado a la comunidad que rodea al ETCR, que consta de 5 veredas: El Progreso, Palmeras Mirador, Chiquinquirá, Caño Indio y Casa de Zinc”, agregó Karina.
‘Jamás volvería a la guerra’
Cristóbal habla poco, pero lo oye todo. Sus energías en el ETCR se consumen haciéndole arreglos al espacio donde vive y al que de a poco le ha ido dando forma de hogar.
De su pasado en las Farc tiene recuerdos tan claros, que no duda en afirmar que “volver atrás no es una opción”.
“Yo, a la montaña, no vuelvo”, responde de manera tajante. La posibilidad de regresar a la guerra no es una opción para él, ni para los demás compañeros que conversaron con La Opinión: Javier, José del Carmen, Katherin, Kathy, Liliana, Tony, Karina y Willy.
Todos, a pesar de los incumplimientos del Gobierno, mantienen intacta su apuesta por la paz y solo esperan que el Gobierno les cumpla con lo acordado.
Falta de tierras, la principal preocupación
Este es uno de los principales reclamos hacia el Gobierno Nacional por parte de los 82 excombatientes de las Farc que se mantienen en Caño Indio. En noviembre de 2018, la ONU advirtió que uno de los principales retos y condicionamientos de proyectos como el de ganadería de ceba, el más grande que se proyecta hasta ahora en la región, es la tenencia de la tierra y la dificultad de acceso a la misma.
“Siempre que vamos a hablar de un proyecto lo que nos preguntan es por la tierra. Y no hay tierras legalizadas”, manifestó Álvaro García Velandia, conocido como ‘Flaminio Díaz’.
Las cuatro hectáreas en las que se distribuye este Espacio de Reincorporación no tienen título de propiedad, el terreno se encuentra en calidad de arriendo por parte de una persona que ha demostrado la ocupación de la tierra durante años, pero jurídicamente para el Estado Caño Indio es un baldío. En esas condiciones, el Gobierno y las Farc decidieron asentarse allí para hacer el proceso de reinserción a la vida civil. Es una tierra prácticamente en conflicto y eso entorpece cualquier plan a mediano o largo plazo.
“Aquí el factor agravante es el título de propiedad. Cada que metemos un proyecto, cruzamos los dedos para que no nos lo rechacen por la falta del título de propiedad”, aseguró Karina Galván.
La lideresa del ETCR agregó que actualmente hay tres fincas en estudio por parte del Gobierno (de 80 hectáreas, 119 y 50).
“Si por nosotros fuera, quisiéramos la finca de las 80 hectáreas, porque queda muy cerca del ETCR. Independientemente de la que el Gobierno escoja, allí se implementarían los proyectos productivos que están pactados en el proceso de reincorporación. Algunos querrán enfocarse en la ganadería, otros en la piscicultura, y algunos más querrán desarrollar sus propios proyectos”, enfatizó.
¿Y qué pasaría con el terreno donde actualmente está el ETCR? Karina aseguró que actualmente existe una promesa entre los palmicultores de la zona, de apoyarlos en esa compra.
“Para ello se hizo una rifa de 100 puestos, a razón de un millón de pesos por puesto. Sin embargo, por la inclemencia del clima, que ha golpeado duro a los palmeros, se ha dificultado el pago. Esperamos que para diciembre ya podamos tener ese terreno”, finalizó Karina.
Tomado de La Opinión
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