Fiscalía General de la Nación,
El Intendente en retiro Carlos Augusto F. R. fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas.
FGN
MEDELLÍN, COLOMBIA (17 SEP 2024) – Un juez penal especializado de Medellín condenó a siete años de prisión a Carlos Augusto Fernández Raigosa, exintegrante de la Policía Nacional, tras aceptar su responsabilidad en una red criminal que captaba jóvenes en Medellín y coordinaba su traslado a Francia para explotarlas laboral y sexualmente. El condenado fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y trata de personas, y deberá pagar una multa de 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, reveló que Fernández Raigosa contactaba a mujeres en la capital antioqueña entre 2022 y 2023, mientras desempeñaba funciones en la estación La Candelaria de la Policía. Les ofrecía trabajar como modelos en Francia, con promesas de sueldos fijos. Como parte del proceso de selección, les exigía grabarse o tomarse fotos en ropa interior, las cuales enviaba a cabecillas internacionales que decidían si aprobaban a las jóvenes.
Las mujeres que eran aprobadas por la organización viajaban desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, con destino a Madrid o Barcelona, para posteriormente ser llevadas a ciudades francesas como Marsella, Niza y Montpellier. Al llegar a Francia, se percataban de que los videos y fotos enviados habían sido publicados en comunidades virtuales de servicios sexuales, actividad que debían ejercer para saldar una supuesta deuda por los gastos del viaje.
Fernández Raigosa, quien aceptó los cargos mediante un preacuerdo, permanece privado de la libertad en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.