En un inusual horario, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc asumirá tempranamente su responsabilidad por el magnicidio de expolítico conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
Patricia Linares reveló que los exjefes guerrilleros de las Farc también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro; el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado; el economista Jesús Antonio Bejarano; el general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa, y el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín.
“Después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, hemos recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las Farc-EP, en la cual se ofrece aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad”, agregó Linares.
La misiva, recibida por la JEP el día 30 de septiembre de 2020, está firmada por Julián Gallo Cubillos conocido como Carlos Antonio Lozada, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria, y sus abogados.
Los casos
Álvaro Gómez Hurtado, hijo del político conservador Laureano Gómez, fue un abogado y político que, entre otras cosas, participó como artífice y firmante de la Constitución Política de 1991. Se identificaba a sí mismo como un “hombre de paz”.
El asesinato del catedrático y abogado Gómez Hurtado ocurrió el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, donde enseñaba la cátedra de Historia Política y Constitucional de Colombia.
La noticia del reconocimiento anticipado de responsabilidad de las Farc llega dos días después de que la exsenadora Piedad Córdoba asegurara tener información sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado que, según ella, dará a conocer a la Comisión de la Verdad. De hecho, la Fiscalía citó a Córdoba para que entregue la información y pruebas que aseguró tener en su poder sobre este caso.
Sin embargo, la excongresista mencionó que “este no es un tema penal ordinario, esto es un tema que se enmarca dentro del conflicto, de la guerra que vivió el país y en el que uno de los muchos asesinados fue Álvaro Gómez Hurtado, entonces ese es un tema que le corresponde a la JEP, a la Comisión de la Verdad. Yo no tengo nada que hacer en la Fiscalía”.
Los excombatientes asumieron responsabilidad por este crimen después de 25 años del asesinato del también candidato presidencial. Pese a que desde diciembre de 2017 el caso fue declarado como un crimen de lesa humanidad, por tanto, imprescriptible, había sido suspendido en el sopor de la impunidad. Hasta ahora, la tesis que manejaba la familia de Gómez es que el excandidato presidencial conservador fue asesinado por militares porque se negó a secundar un golpe militar al expresidente Ernesto Samper. Esta verdad cambia todo el escenario.
Otro de los crímenes que esclarecerán es el de Hernando Pizarro Leongómez, exguerrillero y hermano del excomandante del M19 Carlos Pizarro Leongómez. Hernando fue asesinado el 16 de febrero de 1995 en la calle 157 con carrera 20, en Bogotá, en momentos en los que, aseguró un exagente del CTI, él se encontraba comprando unos zapatos. Hasta ahora tampoco se había esclarecido quién era el responsable de este homicidio.
Los exmiembros de Farc también hablarán del asesinato del exguerrillero José Fedor Rey, conocido como Javier Delgado y excomandante del frente Ricardo Franco, un grupo insurgente disidente de las Farc que se constituyó en 1982 y que lideró junto a Hernando Pizarro Leongómez.
Pizarro y Delgado fueron los responsables de la masacre de Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca). Desde finales de 1985 comenzaron a torturar a algunos miembros del grupo, pues los acusaban de ser infiltrados de las Fuerzas Militares. Entonces, sometidos a las torturas más atroces, los guerrilleros confesaban y, de paso, acusaban a otros compañeros de también estar al servicio de la inteligencia del Estado. Todos los días, según un sobreviviente llamado Víctor Rivera, asesinaban y enterraban entre 8 y 10 guerrilleros. Los que todavía no habían sido torturados, como Rivera, se encargaban de cavar fosas y sepultarlos. En total, fueron asesinados 164 guerrilleros del frente Ricardo Franco, disidencia de las Farc.
Por esa masacre, perpetrada bajo las órdenes de Javier Delgado, fueron expulsados del M-19 y, desde entonces, se le conoció al exguerrillero como el “Monstruo de los Andes”. El comando Ricardo Franco se diluyó y Delgado se unió a trabajar con el Cartel de Cali, donde permaneció hasta 1995, cuando fue capturado por los delitos de rebelión y por la masacre en el Cauca. Aunque Delgado fue condenado a 19 años de prisión, no pudo cumplir su condena porque el 30 de junio del 2002 fue asesinado en la cárcel de Palmira. Las extintas Farc eran sindicadas de haber cometido el asesinato.
Otra de las verdades que se comprometieron a revelar el antiguo secretariado de las Farc es el asesinato del general Fernando Landazábal Reyes, exministro de Defensa en el gobierno de Belisario Betancur. Ocurrió el 12 de mayo de 1998, por pistoleros que llegaron a su casa en el sector norte de Bogotá. La hipótesis de las autoridades que detrás del asesinato estaba “la extrema izquierda» en retaliación por los asesinatos de los defensores de derechos humanos Eduardo Umaña y María Arango.
Landazábal era un militar crítico contra los grupos subversivos y contra el Partido Comunista, al que tildaba de auspiciador de la guerrilla. En 1984 renunció al ministerio porque creía que el expresidente Betancur hacía muchas concesiones con la guerrilla. Hasta ahora el homicidio de quien también fue embajador de Colombia en Holanda sigue impune.
Por otro lado, los exjefes guerrilleros hablarán del caso del economista Jesús Antonio Bejarano asesinado el 15 septiembre de 1999, en la capital. Chucho, como le decían sus allegados, fue experto en la resolución de conflictos, consejero de paz en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, así como activo participante en las negociaciones con las guerrillas. También fue presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y analista de información del Ejército Nacional.
Dos sicarios encapuchados lo esperaron cerca al edificio del Doctorado de Economía de la Universidad Nacional. Cuando abandonaba el centro académico, los asesinos se le acercaron y uno de ellos le disparó. Lo trasladaron a la Clínica Palermo, pero llegó muerto al centro médico. La universidad, al día siguiente, adelantó protestas en rechazo por el asesinato, que justo ocurrió un mes después del homicidio del periodista Jaime Garzón, su amigo.
Después de su asesinato se manejó la hipótesis de que estuvieran involucrada las extintas Farc, pues Bejarano acusó públicamente al grupo guerrillero de incumplir negociaciones de paz, que calificaba como una farsa. Sin embargo, la Fiscalía tampoco descartó que el hecho estuviera relacionado con las declaraciones que el catedrático dio a los investigadores de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, quienes investigaban la participación de altos mandos del Ejército por el magnicidio de Álvaro Gomez Hurtado. Bejarano declaró que tanto él como Gómez se negaron a participar en un plan orquestado por las Fuerzas Armadas para dar golpe de estado al entonces presidente Ernesto Samper Pizano luego del escándalo del Proceso 8000.
Finalmente, está el esclarecimiento de Pablo Emilio Guarín Vera, representante a la Cámara por el Partido Liberal del departamento de Boyacá. Se le reconoce por haber sido uno de los políticos más influyentes en los años 80 y por haber pertenecido al partido comunista y luego ayudar con información las Autodefensas en el Magdalena Medio, luego de que las antiguas Farc le mataran a uno de sus amigos.
Durante su trayecto como congresista, Puerto Boyacá comenzó a ser conocida como la “Capital Antisubversiva de Colombia”, por unas vallas que instalaron a orillas del río Magdalena, en este municipio. A Guarín Vera se le atribuye también haber liderado, junto a los ganaderos Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo de Jesús Pérez, una alianza con oficiales de mando del batallón Bárbula del Ejército en Puerto Boyacá para continuar la expansión del brazo paramilitar.
Crearon, en junio de 1984, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, organización con la que ocultaban el tránsito de dineros ilícitos, compra de armas y municiones, entre otras cosas. El político boyacense fue asesinado en noviembre de 1987, cuando iba en su vehículo desde su departamento hacia Bogotá. Desde el comienzo se le atribuyó el atentado a la entonces guerrilla de las Farc y, en ese momento, el parlamento de Boyacá creó la “Medalla al Mérito Cívico Pablo Guarín” que, años más tarde, le fue otorgada a Henry Pérez, uno de sus sucesores y líderes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Tomado de El Espectador
