Guatemala triplicó las incautaciones de cocaína durante el Gobierno que presidió Jimmy Morales (2016-2020) y consiguió superar los números de las últimas tres Administraciones anteriores, pero, en el ocaso de su mandato, abrió las puertas a los narcotraficantes productores de droga.
Ese es el análisis del exministro de Gobernación (Interior) de Guatemala durante el inicio de la Administración de Morales, Francisco Rivas Lara, un abogado, exfiscal y exsecretario del Ministerio Público (MP, Fiscalía) que fue nombrado por Jimmy Morales como titular del despacho del Interior en enero de 2016, al comenzar su gestión.
Rivas había trabajado en el MP con la fiscal general Thelma Aldana y tenía una reputación de intachable y amplio conocimiento técnico, adjetivos que crecieron consigo durante sus dos años al frente del Ministerio de Interior, de 2016 a 2018.
Pero sus planes de fortalecer la seguridad ciudadana, de profesionalizar a la Policía Nacional Civil (PNC) y erradicar la corrupción se rompieron con su salida de Interior cuando «Jimmy Morales definió sus prioridades», detalla en entrevista para la Agencia Efe.
Morales destituyó en enero de 2018 a Rivas, a la mitad de su mandato, y designó en su lugar a Enrique Degenhart, un aliado inquebrantable para sus intenciones de sacar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) del país, como finalmente lo lograría en 2019.
Su sucesor «se dedicó a debilitar a la Cicig, al MP dirigido por Thelma Aldana (quien concluyó su mandato en mayo de 2018) y a no apoyar los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad», afirma Rivas.
Además, los «procesos de prevención de delito, de investigación criminal y de seguridad ciudadana prácticamente se paralizaron», puntualiza el exministro. También se detuvo la «política que se había delineado el primer año de Jimmy Morales y eso trajo como consecuencia que el narcotráfico se fortaleciera, que los criminales retomaran el control de las cárceles del país y que las extorsiones aumentaran».
Ese escenario fue el caldo de cultivo en el que el narcotráfico vio la oportunidad de probar el país centroamericano como su próximo destino productor, ya que el Gobierno de Jimmy Morales «prácticamente le abrió las puertas del territorio nacional a esos grupos del narcotráfico que producían drogas en el sur del continente y del sur de México para que vinieran a instalar aquí esos narcolaboratorios».
Pero eso fue oportunamente desarticulado por Morales en septiembre pasado, en sus últimos meses como gobernante, cuando decretó un estado de sitio en 22 municipios del oriente del país tras una trifulca de pobladores con militares que buscaban un avión que cruzó ilegalmente el territorio aéreo nacional.
Morales, Degenhart y el exministro de la Defensa Luis Ralda «se percataron de la instalación de laboratorios, pero fue algo que se produjo porque la seguridad no continuó siendo una prioridad para el Gobierno que salió», sostiene Rivas.
MÁS DECOMISOS, MUCHO MÁS TRÁFICO
En enero de 2019, la periodista guatemalteca Julie López, autora del libro «El Chapo Guzmán: la escala en Guatemala», aseguró en el diario Prensa Libre que, pese al alza exponencial de las incautaciones, el Departamento de Estado de EE.UU. estimó que los decomisos apenas representaban un 1,4 por ciento respecto al aumento del tráfico de droga por el país.
López explicó que de 2010 a 2017 las incautaciones pasaron de 1,4 a 13,6 toneladas de cocaína decomisadas, según la Agencia Guatemalteca de Noticias, mientras que en 2017, el Departamento de Estado estadounidense estimó que solo por Guatemala el narcotráfico pasó más de 1.400 toneladas métricas de cocaína debido a la intensa actividad de producción de droga en Colombia y Venezuela.
Ante ese fenómeno, Francisco Rivas considera que «si se hace relación entre cantidades de producción y de decomisos, entonces sí, la cantidad (de incautaciones) va a reflejar un índice bajo», aunque, insiste en que «en cuatro años de Gobierno se decomisó lo que no se había logrado en los últimos tres períodos».
Según cifras oficiales, en los cuatro años de Gobierno de Jimmy Morales se decomisaron casi 59.000 kilos de cocaína, aproximadamente el triple que los 18.000 incautados por Otto Pérez Molina (2012-2015) y los 15.000 de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012). En el primer mes del nuevo mandatario del país, Alejandro Giammattei, se decomisaron casi 1.700 kilos.
«Yo sinceramente no le puedo restar un crédito al trabajo que se está haciendo. Sí, definitivamente falta mucho por hacer, mientras Guatemala no tome las medidas que protejan la integridad de nuestro territorio, mares y cielo, este difícilmente se va a poder combatir de una manera mucho más efectiva al narcotráfico que aparentemente cada día va creciendo más», apostilla.
AUTORIDADES EXTRADITABLES
A la ventaja geográfica que le da a Guatemala un punto estratégico para el paso de la mayoría de droga que se consume en EE.UU. y Canadá, se suma la complicidad de autoridades que permitieron el fortalecimiento del narcotráfico.
Rivas subraya que hace unos ocho años, «existían carteles del narcotráfico instalados en Guatemala que operaban impunemente» y había «líderes del narco que tenían (órdenes de) captura y que transitaban por todo el territorio nacional sin que estas se hicieran efectivas».
Se trataba del Cartel del Golfo y de Los Zetas que «prácticamente vinieron a tomar el territorio nacional y que, años después, producto de las investigaciones que se hicieron públicas por parte de las autoridades de seguridad y justicia de EE.UU. nos hemos enterado los guatemaltecos de que estos Zetas tenían convenios con ese Gobierno (presidido por Álvaro Colom) para transitarse por todo el territorio nacional».
Después del Gobierno de Colom (2008-2012) llegó el Partido Patriota al poder, con Otto Pérez Molina en la Presidencia y Roxana Baldetti en la Vicepresidencia y «hoy la exvicepresidenta tiene una orden de extradición por delitos del narcotráfico» a EE.UU. al igual que el predecesor de Rivas en el ministerio de Interior, Mauricio López Bonilla.
Esa complicidad de los Gobiernos con el crimen organizado y el narcotráfico ha evidenciado «que no ha existido una voluntad política de las autoridades de fortalecer a las fuerzas de seguridad, especialmente al Ministerio de la Defensa, para poder cubrir todo ese litoral del Pacífico y contrarrestar el tráfico de cocaína por nuestros mares», advierte.
POLÍTICAS APAGA FUEGOS
Los cielos también están «abiertos» y desprotegidos, asegura el exministro, quien advierte que «mientras no tengamos un sistema de radares eficientes, de helicópteros que se pongan a funcionar, de equipos operativos en tierra que trabajen coordinados con MP, PNC y Defensa, esos cargamentos van a seguir entrando y difícilmente los podamos detener».
Ahora, una nueva Administración encabezada desde el 14 de enero de 2020 por Alejandro Giammattei en la Presidencia y Edgar Leonel Godoy a cargo del Interior, ha mostrado «señales positivas y negativas», con «esfuerzos en contra de las extorsiones y femicidios», pero con estados de prevención «coyunturales» que podrían no sostenerse «a mediano y largo plazo», concluye Rivas.
EFE.
