Ciudad de Panamá, 31 de marzo de 2025.- Agentes policiales rodeaban esta mañana la embajada nicaragüense en Panamá a la espera del traslado del refugiado expresidente Ricardo Martinelli hacia el aeropuerto desde el que viajará a Nicaragua este lunes, cuando vence el plazo del salvoconducto otorgado por el Gobierno panameño para que abandone el país, donde está sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo.
Martinelli, un magnate de 73 años que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, se asiló el 7 de febrero de 2024 en la Embajada de Nicaragua tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.
El portavoz del expresidente y diputado por su partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, informó este lunes que Martinelli saldrá «después del mediodía» de la delegación diplomática y viajará «en su avión privado», que suele estar estacionado en el capitalino aeropuerto de Albrook, hacia Nicaragua.
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el pasado jueves de forma sorpresiva que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino otorgaba el salvoconducto a Martinelli por razones «humanitarias», y que el mismo tenía validez entre el 27 y el 31 de marzo.
El expresidente, que siempre se ha declarado un «perseguido político», dijo en un video el mismo jueves que aceptaba el salvoconducto.
Sectores políticos y activistas de derechos humanos criticaron al Gobierno por haber otorgado el salvoconducto a una persona condenada por un delito común y exigieron que se emitiera una alerta roja de Interpol contra el exmandatario para que hubiera «certeza del castigo» e impedir que una vez estuviera en Nicaragua pudiera salir de ese país a sus anchas.
Pero la Policía de Panamá informó el domingo que rechazó incluir en una alerta de Interpol contra Martinelli debido a su condición de asilado político.
Además del caso ‘New Business’, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.
EFE