El bombardeo contra el campamento de alias Gildardo o Cucho, jefe de las disidencias de las Farc en el Caquetá, que fue la respuesta inmediata del Estado colombiano al desafío lanzado horas antes por ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ a través de un video, terminó por convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno Duque y, en particular, para su ministro de Defensa, Guillermo Botero.
La muerte en esa operación de varios menores de edad, entre ellos una niña de 12 años, fue uno de los argumentos del senador Roy Barreras para insistir en la moción de censura contra Botero, que tuvo debate en el Senado el pasado martes y será votada en una semana, el 14 de noviembre.
El debate político y de redes sociales sobre el hecho es candente. Pero la situación debe mirarse, y así lo hará la justicia, desde la lente del Derecho Internacional Humanitario, que considera legítimo el uso del poder aéreo frente a grupos armados con gran capacidad de daño (como lo son las disidencias), y de las normas internas que incluyen estrictos protocolos a la hora de dar luz verde a un bombardeo como el que acabó con la vida de ‘Gildardo’ y otros 12 señalados integrantes de esa disidencia.
Un primer punto por considerar es que quien violó las normas del DIH desde el primer momento fue el grupo irregular, que como lo hacía la antigua guerrilla de las Farc y como lo siguen haciendo el Eln, las disidencias y las bandas recluta menores de edad como combatientes y los pone en situaciones de peligro inminente. De hecho, una práctica usual de esas organizaciones ilegales es mantener en sus campamentos a niños, precisamente para dificultar la acción de la Fuerza Pública en su contra.
Ahora bien, el Estado tiene que cumplir varias reglas para atacar esos campamentos. Una de las más estrictas es el cumplimiento de una labor previa de inteligencia que permita tener el mayor grado de certeza sobre la presencia en el sitio de civiles o de menores de 15 años (esa es la minoría de edad que contempla el DIH), caso en el cual usualmente las operaciones se abortan. Pero, y no es un asunto menor, la inteligencia nunca es 100 por ciento confiable y para tomar la decisión, los comandantes militares tienen que ponderar también la importancia que tiene para el Estado dar de baja a un objetivo militar cuya continuidad pone en grave riesgo la seguridad ciudadana. Ese era el caso de ‘Gildardo’.
Según el ministro Botero y el comandante del Ejército, general Luis Fernando Navarro, la inteligencia disponible en el momento en el que se dio luz verde a la operación no daba cuenta de la presencia de menores en el campamento bombardeado en San Vicente del Caguán, Caquetá. Sin embargo, la versión de un personero de la zona dice que él, en un consejo de seguridad, advirtió que varias niñas habían sido reclutadas por esa disidencia.
Los responsables del bombardeo podrían ser cuestionados o procesados si, conociendo previamente de la presencia de menores de edad en el lugar, ordenaron el ataque con la mayor arma que posee el Estado: las bombas. Pero hasta ahora la información disponible no permite asegurar que hubieran tomado la decisión contando con esos datos. De hecho, las operaciones que no se han concretado contra blancos de alto valor, como jefes guerrilleros o ‘paras’, por no poder garantizar el mínimo de daños colaterales se cuentan por decenas en las últimas dos décadas.
Lo que no está claro, y es uno de los puntos débiles de la defensa del ministro Botero, es por qué no se informó al país que en una operación legítima habían muerto menores de edad que habían sido reclutados o secuestrados por las disidencias.
Ese hecho solo se conoció con la denuncia del senador Roy Barreras, quien obtuvo los datos de las necropsias realizadas por Medicina Legal.
En la rueda de prensa de este miércoles, el Mindefensa y el general Navarro aseguraron que tras el combate el manejo del escenario quedó en manos de la Fiscalía y que toda la información disponible estaba bajo reserva sumarial.
Esto no necesariamente es así, más porque inmediatamente después de las operaciones el alto mando recibe siempre un informe detallado sobre número de víctimas, armas recuperadas en los campamentos y otras informaciones que son recabadas por la Policía Judicial que acompaña permanentemente a los militares.
De esta manera, una situación trágica que debió haber dado pie a una denuncia en contra de las disidencias por violar las normas del DIH termina, por no informar a tiempo al país, jugando en contra del Estado.
El periódico El Tiempo consultó a varios expertos en temas de Derecho Internacional Humanitario sobre el asunto que hoy tiene, de nuevo, dando explicaciones al Ministro de Defensa.
El abogado Rafael Nieto Loaiza sostiene que, en esencia, todo civil, independiente de su edad, está protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero advirtió que al permanecer en un campamento guerrillero es factible que esa persona pueda ser considerada como un ‘blanco legítimo de la acción militar’.
“Quien viola el DIH no es quien, en este caso, bombardea el campamento sino quien reclutó a los menores que estaban allí”, indicó Nieto Loaiza. Y añadió: “Un campamento guerrillero es un blanco legítimo y una acción contra ese tipo de lugares no constituye infracción al DIH”. Nieto afirma que cuestionar los bombardeos podría derivar en que «se frenen otras operaciones similares contra objetivos de alto valor”.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), resalta por su lado que los bombardeos se deben lanzar “con plena certeza de que se cumple el principio de distinción y de proporcionalidad”.
Igualmente sostuvo que los menores de edad deben ser “recuperados, no abatidos; ese es el objetivo, pues la Fuerza Pública tiene un deber de protección del menor de edad”.
María Victoria Fallón, abogada y directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), señala que quien desarrolla ese tipo de operaciones tiene la responsabilidad de garantizar que el objetivo es un blanco lícito.
“Deben estar seguros de que si es un objetivo militar, que no hay civiles, que se asegure la protección de los civiles ubicados alrededor del objetivo”, indicó la experta.
Añadió que para usar la estrategia del bombardeo se debe contar con la información de inteligencia suficiente para saber con precisión quién está en el lugar que va a ser atacado.
Y el coronel Alfonso Velásquez, experto en conflicto, coincidió en que en este tipo de operaciones es fundamental la información de inteligencia para no incurrir en violaciones del DIH.
Explicó que las ‘operaciones Alfa’ (de ametrallamiento y uso de granadas desde el aire) son autorizadas por autoridades militares en la zona, mientras que las llamadas ‘operaciones Beta’, que son altamente mortales por el uso de bombas, usualmente tienen un centro de mando directamente conectado con la alta cúpula militar.
Igualmente señaló que en todo caso ante la presencia de menores de edad no debería darse luz verde para lanzar ese tipo de ataques.
En octubre de 2017, el Ministerio de Defensa actualizó la directiva que permite usar todo el poder de fuego del Estado, incluidos los bombardeos, contra las disidencias de las Farc. Un año antes, el Gobierno aprobó ese tipo de operaciones no solo contra la guerrilla sino contra tres grandes bandas criminales que delinquen en el país.
Tomado de El Tiempo
