SARAVENA, ARAUCA, COLOMBIA (25 MAY 2024) – La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha judicializado a cinco personas presuntamente responsables de la apropiación ilegal de recursos del gobierno municipal de Saravena. Entre los procesados se encuentra Diana Milena Martínez Molina, extesorera de la Alcaldía de Saravena, quien habría desviado más de 2.345 millones de pesos a cuentas personales.
Los otros cuatro judicializados son Luz Marina Molina de Martínez, Angélica Andrea García Cobos, Sergio David Galvis Martínez y Gustavo Adolfo Ruiz Jaramillo. Las capturas se llevaron a cabo en Sonsón (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Saravena (Arauca) y Villa del Rosario (Norte de Santander).
Según la investigación, entre 2013 y 2022, Martínez Molina transfirió ilegalmente fondos destinados a la seguridad social y al fomento ganadero a, al menos, 36 cuentas en diferentes entidades financieras. Un fiscal de la Seccional de Arauca imputó a la exfuncionaria los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y asociación para la comisión de un delito contra la administración. Las otras personas fueron imputadas por enriquecimiento ilícito de particulares y asociación para la comisión de un delito contra la administración.
Un juez de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario para la extesorera y tres de los particulares involucrados. Luz Marina Molina de Martínez recibió medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
Esta operación subraya el compromiso de las autoridades para combatir la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.v