La Fiscalía General de la Nación impuso el primer paquete de medidas cautelares contra bienes que habrían sido adquiridos por integrantes de las Farc, luego de la decisión de la Corte Constitucional que reafirmó la competencia del ente investigador para perseguir y afectar los activos no declarados por las desmovilizada organización o que fueron obtenidos con dineros producto de su actuar ilícito.
Peritos contables de la Fiscalía verificaron el patrimonio de dos grupos familiares que registran inmuebles y establecimientos en Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca, y establecieron que, además de no existir ingresos o actividad económica que soportara el aumento de activos, habría indicios sobre su origen ilegal.
Testimonios y elementos obtenidos en distintas operaciones militares evidenciaron que algunos integrantes de las dos familias investigadas serían testaferros del entonces frente 42 de las Farc, en cabeza de Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio; y que los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dineros producto de extorsiones y secuestros que esta estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009.
Extinción de dominio
En el rastreo financiero fueron identificados 19 bienes que harían parte de esas propiedades adquiridas con recursos ilícitos, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares.
Los bienes afectados superan en valor los 20 mil millones de pesos y están representados en 3 establecimientos comerciales y 16 inmuebles (9 viviendas y 7 fincas que suman 70 hectáreas de tierra). Todos fueron ocupados en diligencias cumplidas por personal del CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en Cali (Valle del Cauca), Neiva (Huila), y Bogotá, Viotá y Apulo (Cundinamarca).
Tal cual lo señaló el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, luego de conocer la decisión de la Corte Constitucional, del pasado 28 de marzo, y en atención a los parámetros legales, los activos ilícitos provenientes de las Farc serán destinados a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto y quedarán transitoriamente a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Antecedentes
Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio, fue durante casi 14 años el cabecilla del frente 42 de las Farc. Su actuar delictivo se concentró, en su momento, en las provincias de Tequendama, Sumapaz y Oriente, en Cundinamarca, y sería uno de los responsables de las denominadas ‘pescas milagrosas’ y otras actividades criminales que le permitieron acumular gran cantidad de bienes, por lo que existen indicios de que sería el real propietario de los inmuebles y establecimientos ocupados por la Fiscalía.
Alias Negro Antonio fue capturado en una operación militar en febrero de 2009 y recientemente se acogió a la jurisdicción de la JEP.
En cifras
En 2019, la Fiscalía ha impuesto medidas con fines de extinción de dominio a 59 bienes cuyo origen sería el actuar ilegal de las Farc y ascienden a 31 mil millones de pesos.
Desde agosto de 2016 a la fecha, son 1.767 los bienes afectados por la misma circunstancia y su valor supera los 2.4 billones de pesos.
