A través de mensajes de texto, al parecer, citaban a sus víctimas en zonas rurales de Pitalito, para supuestas reuniones y allí eran obligadas a pagar las exigencias económicas.
Huila, Colombia, 04 febrero de 2025.- La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Fredi Sotelo y Karol Jaquelin Sabi Barrera, señalados de integrar el grupo delincuencial ‘Los Muchachos del Pueblo’ y de participar en extorsiones contra comerciantes y campesinos en zona rural de Pitalito.
Exigencias millonarias a sus víctimas
Según la investigación, desde diciembre de 2024, esta pareja habría exigido sumas entre 10 y 20 millones de pesos a agricultores y empresarios de las veredas Ingali, San Francisco y Criollos, bajo amenazas de atentar contra sus vidas si no pagaban.
Se estableció que los imputados enviaban mensajes de texto citando a las víctimas a reuniones en sectores rurales, donde eran obligadas a entregar el dinero exigido y, en algunos casos, a abandonar sus tierras.
Captura y elementos incautados
Sotelo y Sabi Barrera fueron capturados en flagrancia por el Gaula de la Policía Nacional en Pitalito. Durante el operativo, las autoridades les incautaron una motocicleta, un celular, un proveedor, munición de diferente calibre y una granada de uso privativo de las fuerzas militares.
Judicialización y cargos imputados
Una fiscal de la Seccional Huila les imputó los delitos de concierto para delinquir, tentativa de extorsión y extorsión, ambas conductas agravadas; además de receptación; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y utilización ilícita de redes de comunicaciones.
Aunque los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.