Bogotá, 4 octubre de 2022.- Ocho militares colombianos, entre ellos un coronel y dos mayores, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el municipio de Dabeiba (noroeste), informó este martes ese alto tribunal de justicia transicional.
Los ocho imputados «reconocieron la comisión de delitos que jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, quienes tampoco habían sido judicializados», dijo la JEP en un comunicado.
Se trata del coronel Efraín Enrique Prada, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; del sargento viceprimero Hernando Cómbita; de Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos, y de los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez y Hermes Alvarado.
También se les atribuyó responsabilidad, en calidad de «máximos responsables por su participación determinante», a los sargentos retirados William Capera, Fidel Ochoa y Jaime Coral.
En el reconocimiento, que fue por escrito, los ocho militares «ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz», añadió la JEP.
Además, aceptan “responsabilidad individual” y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables». Asimismo, muestran su disposición de realizar acciones tareas y actividades «con la finalidad de reparar los daños causados».
Ahora la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se prepara para fijar los términos de la audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas imputadas.
En esa instancia, los militares «deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público ante la Justicia, las víctimas y el país por los crímenes documentados en Dabeiba», municipio ubicado en el departamento de Antioquia, puntualiza la JEP.
Allí confluye un macrocaso que investiga los «falsos positivos», que son asesinatos cometidos por militares que presentaban civiles como guerrilleros muertos en combate; con uno que priorizó la región de Urabá.
NO ACEPTAN CARGOS
Mientras tanto, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brigada Móvil 11, y David Guzmán Ramírez, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79, no aceptaron su responsabilidad por los crímenes imputados por la JEP.
Ante este escenario se enfrentan al proceso a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, fiscalía) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.
Las autoridades exhumaron 54 cuerpos, incluidas mujeres y 2 menores de edad, durante 2 jornadas de trabajos realizadas en febrero de 2020 en un cementerio de Dabeiba, donde la JEP había dicho que podría haber más de medio centenar de víctimas de ejecuciones conocidas como «falsos positivos».
El alto tribunal comenzó las excavaciones en el cementerio de Dabeiba luego de recibir las declaraciones de exmilitares que reconocieron haber participado en ejecuciones de civiles e indicaron el lugar de las fosas en las que fueron sepultados.
Con la macabra práctica de los «falsos positivos», que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaba a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaron a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
La JEP ha manifestado que las víctimas de los «falsos positivos» en Colombia ascienden a 6.402.
EFE
