El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como «falsos positivos».
La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.
«Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (‘falsos positivos’)», afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.
Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento «la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos».
«Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad», explicó la JEP.
ESCÁNDALO RECURRENTE
Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los «falsos positivos», un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década del noventa y que consistía en «reclutar» civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia donde posteriormente eran ejecutados.
Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.
El escándalo de los «falsos positivos» ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.
NUEVO CAPÍTULO
La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el caso más grande de «falsos positivos».
Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.
Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba hacen parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado, y como parte de este proceso ese tribunal decretó «medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia».
«Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria», señaló la JEP, que dijo que «hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas», cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.
El tribunal explicó que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca «encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas» como parte del «Caso 03» de la JEP, relacionado con «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado».
Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares «donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado».
En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que «indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.
Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación, detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.
Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, más no a oficiales de alto rango.
Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.
OPERACIÓN MACABRA
Los «falsos positivos», condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).
Este caso, que causó conmoción en el país en 2008, se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.
Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.
Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
EFE
