Grupos armados han aprovechado que niños, niñas y adolescentes, en su mayoría de zonas rurales, no tienen cómo recibir educación virtual. Les prometen ingresos raspando coca o con el cobro de extorsiones. Las cifras de reclutamiento forzado aumentaron en un 113 % con respecto a 2019.
En los cinco meses que van de 2020, 128 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados o vinculados a grupos armados. Este fue el balance hecho hasta el 13 de mayo por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). De enero a junio de 2019, esta organización verificó que fueron sesenta los menores de 18 años reclutados por los grupos; es decir, este delito aumentó en un 113 %, a pesar de la cuarentena en la que está el país.
Si bien los datos incluyen enero y febrero, cuando todavía no había registros del coronavirus en Colombia, Coalico asegura que la cuarentena y la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación desde el 16 de marzo sí ha incidido en el aumento de los casos de reclutamiento. No más en abril, en pleno confinamiento obligatorio, esta entidad registró siete eventos de reclutamiento en todo el país en los que se vieron afectados 31 niños, niñas y adolescentes.
“La cuarentena visibilizó el grado de desigualdad en que estamos. Una cosa es un niño en la ciudad que tiene computador, internet y que sus papás pueden trabajar desde casa. Otra muy diferente cuando el niño no tiene posibilidad de tener un computador o su mamá tiene que recargar el celular con $20.000 diarios para que su hijo reciba las tareas por allí”, manifestó Julia Castellanos, encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto de Coalico.
Esta desigualdad, según Castellanos, es mucho más pronunciada en zonas rurales en donde no hay conectividad ni señal, deja a los niños y niñas sin educación, con más tiempo libre y además con la carga de apoyar económicamente a su familia en medio de esta crisis sanitaria. “Se descarga esta responsabilidad también en ellos y es lo que aprovechan los actores armados. Les ofrecen la posibilidad de tener ingresos a partir del tráfico de armas o de drogas. Esta situación nos preocupa, sobre todo en el Pacífico colombiano y en zonas de frontera”, agregó.
Coalico ha registrado 133 hechos violentos en lo que va de este año, 72 de ellos afectaron de manera directa a 7.142 menores de 18 años, entre ellos están el homicidio y el desplazamiento forzado. Aquí están incluidos los asesinatos de las dos niñas, de nueve y cinco años, atacadas junto con sus padres por hombres armados en Suárez (Cauca) el pasado 9 de mayo. Los departamentos con más casos de niños y niñas afectados son Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. Y el reclutamiento, aunque en menor proporción, también ocurre en las ciudades. Castellanos menciona el caso de las comunas de Medellín, en las que hay también pobreza y presencia de bandas delincuenciales o grupos dedicados al tráfico de drogas. “El reclutamiento no solamente es cuando el niño se pone un camuflado y se va al monte. En áreas urbanas es más difícil de identificar, porque a los grupos les sale barato que los jóvenes duerman en sus casas; sin embargo, le tienen controlado su espacio social y el niño les tiene que obedecer”.
El Ministerio de Educación decretó otras alternativas para continuar con la educación a través de clases virtuales o la entrega de materiales pedagógicos a las instituciones oficiales. Esta última alternativa se está usando con comunidades indígenas, afro y campesinas que no tienen acceso a internet. En departamentos como Boyacá regresó la educación a través de programas radiales en emisoras comunitarias.
El Instituto de Bienestar Familiar afirmó que a lo largo de este año han atendido a 35 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados, entre ellos 13 del Eln.
Con respecto a la prevención del reclutamiento aseguró que están realizando un «acompañamiento virtual y telefónico permanente con los niños, niñas, adolescentes y familias participantes del programa Generaciones Sacúdete 2.0, emitiendo un protocolo específico para el seguimiento e identificación de posibles situaciones que puedan vulnerar sus derechos». En el resto de los casos se les está haciendo seguimiento a través de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados, compuesta por 22 entidades del Estado.
Chocó
Un líder indígena —cuyo nombre no difundimos por su seguridad— le contó a Colombia 2020 que desde febrero han sido reclutados cerca de veinte niños, niñas y jóvenes indígenas en el municipio de Lloró. La mayoría son hombres y el grupo armado que los reclutó fue el Eln. “La suspensión de clases la usan como carnada, lo están aprovechando. Los niños no tienen en qué ocupar su tiempo. Aunque hay guías administradas por organizaciones indígenas por orientación del Gobierno no es lo mismo que recibir una clase. En estos municipios no hay forma de hacerlas de forma virtual”, contó.
El Eln les ha ofrecido dinero para que dejen sus casas o para que sostengan a su pareja, les garantizan mejorarles su condición de vida. Les dicen también que “presten el servicio” durante dos o tres años y luego vuelven, “pero con ese cuento los enredan. Nunca regresan”, dijo el líder. No han hecho las denuncias por temor, ya que el Eln tiene presencia permanente en los resguardos indígenas que hay en esa zona. A esto se le suma el confinamiento, regulado también por grupos armados, que no ha permitido documentar mejor estos casos.
Cauca
En Caloto, Richard Escobar dirige la Escuela Nasa de Arte y Música, del resguardo Huellas. Antes de la cuarentena asistían un promedio de 163 niños, niñas y jóvenes entre los seis y los 24 años, para aprender tejidos, danzas y música con instrumentos andinos tradicionales.
En la escuela, en palabras de Richard, les arrebatan los niños y jóvenes a los grupos armados a través del arte y la educación indígena propia. “Ha servido como un refugio para los niños que viven en entornos de violencia, les enseñamos a asumir la vida de otra manera”. Desde el 16 de marzo, con la suspensión de clases, Richard y los otros profesores han dado sus lecciones a través de internet y con tareas desde casa. Pero notan con preocupación que los jóvenes dejan de tomar las clases por las invitaciones de grupos armados a tener una vida de plata, motos, celulares y mujeres. No es una situación nueva, pero sí se ha agravado con la cuarentena porque no hay nadie que vigile, de acuerdo con Escobar. “Los invitan a hacer parte del grupo o a trabajar en los laboratorios de coca o como raspachines. El consumo de drogas también ha crecido”.
Así como Richard, otra fuente que pidió no revelar su nombre, contó que narcotraficantes convencen a los chicos para que trabajen con ellos a través del consumo de drogas. “No les pagan con dinero sino con cocaína o marihuana. Les piden que la transporten o la vendan”.
En Caloto está presente la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos. No obstante, esta persona asegura que los reclutamientos forzados vienen de todos los actores armados, incluso del Ejército, que a veces usa a los niños, niñas y adolescentes como informantes. Coalico, a escala nacional, ha registrado el uso de al menos 200 menores de 18 años en Campañas Cívico Militares, en lo corrido del año.
En el caso de las niñas, ellas pasan a hacer parte de los grupos armados a través del abuso y la esclavitud sexual o como parejas. La cuarentena hace más difícil tener cifras exactas, que las instituciones o autoridades puedan ingresar a los territorios para responder a este delito o implementar medidas de prevención. Para Richard, la respuesta tampoco está en mandar más Ejército. Desde su experiencia, la mejor medida de prevención es la educación y que el campo sea una opción rentable para los jóvenes.
Tomado de El Espectador
