Familiares de Pedro Julio Movilla desaparecido en Colombia piden verdad y justicia

FECHA:

San José, 15 de febrero de 2022.- La familia del líder sindical y militante del partido de izquierda PCC-ML, Pedro Julio Movilla, pidió este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una condena contra Colombia que permita verdad y justicia» ante la desaparición forzada del dirigente, ocurrida en 1993.

En la audiencia celebrada este martes en la sede de la Corte IDH en Costa Rica, declaró Candelaria Vergara, esposa de Movilla, quien pidió a los jueces que ordenen al Estado «parar con la práctica de la desaparición forzada» y que se busque realmente a su esposo para tener «verdad y justicia» tras casi 29 años.

Fotografía de un retrato e información de Pedro Movilla, desaparecido en 1993 en Colombia, durante una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a la que acude su familia para pedir justicia por su desaparición, hoy, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

«Que sigan buscando a Pedro Julio Movilla Galarcio y a todos los desaparecidos en Colombia, que el Estado lo haga, no solo en el papel, sino en la practica, ese es uno de los mecanismos de reparación», declaró Vergara.

La mujer también pidió que la Corte IDH ordene al Estado colombiano la desclasificación de archivos de inteligencia militar en los que podría haber información de personas desaparecidas.

«La desaparición forzada es una práctica que mata no solo al ser que se lleva, sino a toda una familia y a todo un pueblo», expresó Vergara, quien relató las afectaciones que sufrió su familia para salir adelante y los esfuerzos personales realizados para buscar a Movilla.

Según la demanda contra el Estado, Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, fue víctima de desaparición forzada el 13 de mayo de 1993 y existen suficientes elementos indiciarios, circunstanciales y de contexto para atribuir el hecho al Estado.

José Movilla, hijo de Pedro Movilla, desaparecido en 1993 en Colombia, asiste a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para pedir justicia por la desaparición de su padre, hoy, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

Además, señala que la investigación del caso no ha sido diligente y que los hechos se encuentran en la impunidad.

La demanda también argumenta que al momento de los hechos había en Colombia una identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno en los manuales estatales de inteligencia y contraguerrilla y que también había ejecuciones y desapariciones de personas vinculadas con ciertos partidos políticos con las características del PCC-ML.

El Estado presentó como testigo a Elsa María Moyano, quien ejerció como fiscal entre 1995 y 2019 y trabajó en casos de desaparecidos y en grupos de trabajo de búsqueda.

Moyano declaró que en Colombia hay equipos de trabajo de búsqueda y un plan en el que participan los familiares de las víctimas, así como un registro nacional de personas desaparecidas y perfiles genéticos para cruzar información.

Datos brindados por Moyano en la audiencia, indican que en el registro oficial hay unas 114.000 desapariciones forzadas y 10.727 cuerpos recuperados, de los cuales 5.612 han sido identificados por métodos de laboratorio.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es la encargada de elevar los casos a la CorteIDH, expuso que en este caso existe una falta de investigación que ha provocado la impunidad tras casi 29 años.

«El señor Movilla continúa desaparecido y la investigación penal permanece en una etapa preliminar», dijo en la audiencia el agente de la CIDH, Jorge Meza.

Meza afirmó que el Estado es «responsable por la desaparición forzada en violación a los derechos a la libertad personal y a la vida» y que también «incumplió con su obligación de la debida diligencia en la investigación en violación a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial».

El representante de la CIDH agregó que en este caso la Corte tiene la oportunidad de profundizar acerca de la práctica de identificación selectiva de lideres sociales o determinados grupos dentro de la noción de «enemigo interno» en el marco de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional.

Además, señaló que los jueces podrán profundizar en los aspectos de la debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables en el contexto en que ocurrieron los hechos de este caso.

Tras la audiencia de este martes, las partes tendrán un mes para entregar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH emitirá una sentencia en los siguientes meses.

EFE

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