Familias de Ituango retornan a sus veredas sin garantías

Compartir:

La situación de la comunidades de Ituango (Antioquia) no mejora, y pese a la falta de garantías y seguridad que desplazó a 450 familias de diferentes veredas el pasado 23 de enero hasta la cabecera municipal, este 28 de febrero se ven obligados a retornar a sus hogares.

La causal del desplazamiento es producto de la confrontación armada entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias llamadas Nuevo Frente 18, por este territorio, situación que hasta el momento no ha sido atendida.

Según el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), 847 personas y 306 familias fueron desplazadas de las veredas de Ituango, entre ellas 14 líderes comunales y 13 excombatientes.

Un pliego de peticiones ignorado por completo
Según la líder ambiental y defensora de Derechos Humanos Isabel Cristina Zuleta, el pasado 25 de febrero se realizó el Comité de Justicia Transicional en el municipio, un espacio donde participaron diferentes entidades como Procuraduría, Alcaldía, Dirección de Derechos Humanos de Antioquia, Ejército y varios integrantes de la comunidad.

En este Comité voceros de la comunidad campesina presentaron un pliego de peticiones donde según Zuleta exigían puntos sencillos pero elementales como, «que la presencia del Estado no sea solo militar, que no se engañe a las personas diciendo que hay garantías cuando no las hay y que se dé un efectivo cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz».

Adicional Zuleta señaló que la conclusión por parte de las autoridades fue que las comunidades tenían que regresarían ese mismo día a sus territorios, «nosotros sabemos que ésta no es la solución, exigir este retorno sin garantías o atención a las peticiones de los campesinos y excombatientes pone en riesgo sus vidas«.

Sin garantías de retorno a Ituango
La líder afirmó también que pese a que en el territorio hay presencia activa de Fuerza Pública, esto no garantiza su seguridad, sino que al contrario los ha puesto en situaciones de fuego cruzado, «la presión que viven los ciudadanos tiene consecuencias en materia de seguridad, hay enfrentamientos, y la población civil no debería estar en la mitad».

Y señaló que el principal riesgo que enfrenta la comunidad, es a tener que buscar algún apoyo en la ilegalidad, «el Estado no responde, pero si presiona a las comunidades a que cumpla con su parte de los acuerdos», y finalizó diciendo que es probable que se dé un mayor desplazamiento, pero esta vez no hacia la cabecera municipal, sino directamente a la capital antioqueña.

Tomado de Contagio Radio

Compartir:
Total
18
Shares
Previous Post

Juan Manuel Santos fue operado por melanoma en el rostro

Next Post

Un año más sin ser reconocidos como víctimas: recuerdos de bomba en Apartadó

Related Posts
A %d blogueros les gusta esto: