Lima, 13 de abril de 2022 – La aprobación de una ley que automatiza la custodia compartida de los hijos en caso de separación en Perú ha hecho saltar las alarmas de grupos feministas, que este miércoles protestaron ante el Congreso para mostrar su rechazo a una medida que, alertan, beneficia a padres agresores y desampara a niños y madres.
«Estamos aquí por cada una de las madres que han sido víctimas de violencia de género, aun después de separarse del agresor, algo que este proyecto de ley no está contemplando (porque) ahí se van a filtrar muchos padres agresores», declaró a Efe Sabrina Rodríguez, vocera del Frente de Lucha Materna.
Junto con ella, decenas de integrantes de otros colectivos feministas, de mujeres indígenas, católicas y migrantes acudieron a las puertas del Parlamento, en el centro histórico de Lima, para exigir la retracción de la norma que aprobó la semana pasada el hemiciclo peruano en favor de la tenencia compartida.
El dictamen, respaldado por 76 legisladores, establece que la custodia compartida, que hasta ahora podía ser aplicada a criterio del juez en forma excepcional, sea la primera opción en los procesos de divorcio sin acuerdo.
La iniciativa fue impulsada por legisladores fujimoristas bajo el pretexto de que la normativa vigente alienta la tenencia exclusiva de los hijos, lo que en la mayoría de casos se traduce en otorgar la custodia específica a la madre, especialmente cuando se trata de hijos pequeños.
VIOLENCIA VICARIA
Sin embargo, a los ojos de muchos, el proyecto es un riesgo por esquivar la evaluación sobre la idoneidad de los progenitores y se convierte, así, en una potencial herramienta de los agresores para revictimizar a las madres e hijos víctimas de violencia.
«En los procesos de separación, muchas veces la causal es justamente maltrato psicológico, sexual, físico, etc, y los hijos se convierten en los sujetos de disputa entre el agresor y la madre», comentó a Efe la presidenta del directorio de Flora Tristán, Cecilia Olea.
A su parecer, dar luz verde a una ley que obliga a la tenencia compartida «es legalizar algo que muchas veces los maltratadores utilizan» y, además, es forzar a la mujer a «continuar con una familia, como si esta fuera el norte ideal, cuando no siempre lo es, lamentablemente».
Eso lo sabe bien Katherine Sofía Cerpa, víctima de violencia de género y madre de un niño de seis años que fue presuntamente sustraído y violentado por su expareja.
«En el momento en el que yo decidí salir de este episodio de mi vida, ese señor siguió haciéndome daño, pero esa vez a través de mi hijo, que es el peor dolor que puede dar a una madre», dijo a Efe la mujer, quien insistió en que todos los casos deben ser tratados de manera individual y siempre velando por el interés superior de los niños.
A MANOS DEL EJECUTIVO
Las esperanzas de estos grupos feministas están ahora puestas en el Gobierno, que, a través del Ministerio de la Mujer, ya adelantó que observaría la ley por atentar contra el principio de interés superior de los hijos y las madres.
«No se trata de favorecer a la madre en desmedro del padre, sino de frenar la violencia que muchas veces continúa tras una separación», justificó la cartera en un comunicado, en el que subrayó la necesidad de evaluar caso por caso.
En tanto, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones no gubernamentales como Save the Children también mostraron su preocupación ante esta norma, por lo que instaron al Ejecutivo a observarla y al Congreso a no insistir en la aprobación de la misma.
EFE
