Debido a la situación actual de alto riesgo en la cual se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 71 organizaciones internacionales de derechos humanos, plataformas, redes y agencias internacionales de cooperación de Europa y Estados Unidos firmaron una carta dirigida a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresando su preocupación frente a la Acción de Tutela presentada por la Brigada XVII del Ejército de Colombia en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
En la carta se expone la preocupación por los pocos avances en materia de prevención y protección para los integrantes de la Comunidad y se incluyen solicitudes específicas de investigación, con la finalidad de evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos con daños irreparables para ellos y ellas.
En la misiva, dirigida a Margarette May Macaulay y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presidentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, la Comunidad de Paz recuerda que es beneficiaria de medidas provisionales de la Corte IDH debido a su grave riesgo de seguridad. El 6 de diciembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la admisibilidad del caso de la Comunidad de Paz para ser estudiado en cuanto a la presunta responsabilidad por parte del Estado Colombiano de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 1997 hasta la actualidad.
El pasado 17 de septiembre, la Comunidad de Paz presentó el informe de las observaciones de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En éste se dejó constancia de la sistematicidad e impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia la Comunidad de Paz, resaltando que, de los al menos 350 crímenes sufridos por la Comunidad, hay un sólo caso con avances en materia de justicia, que es la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas de Resbalosa y Mulatos del corregimiento de San José de Apartadó7.
Pocos días después de aquella masacre, la Comunidad de Paz denunció que militares adscritos a la Brigada XVII habían participado en el crimen. Esto fue negado por el gobierno colombiano en cabeza del entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. No obstante, la justicia colombiana comprobó a partir del 2008, que la masacre fue planeada y ejecutada en una operación concertada entre la Brigada XVII y un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es relevante agregar que la misma Brigada XVII perdió su certificación en aquella época y dejó de recibir asistencia financiera por parte del Gobierno Estadounidense debido a las frecuentes acusaciones por sus nexos con el paramilitarismo en la región.
Lamenta la Comunidad de Paz que 21 años después de su fundación aún no existan garantías de seguridad y permanencia en el territorio para los 500 miembros de una comunidad campesina que promueve los derechos humanos y fundamentales por medios no violentos.
Amenazas de muerte
Preocupa a la Comunidad de Paz la serie de graves señalamientos contra la organización y, en particular, contra su Representante Legal, Germán Graciano Posso. “El 20 de septiembre de 2018, la Comunidad fue informada, que ya era una “decisión irreversible de los paramilitares eliminar, antes de que termine el año 2018, a tres líderes de la Comunidad de Paz”, entre ellos el Representante Legal1. Una semana después, la Comunidad de Paz fue notificada que el Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional de Colombia, había radicado una Acción de Tutela contra la Comunidad de Paz en Apartadó, alegando la presunta violación de los derechos fundamentales “A la honra”, “Al buen nombre” y “a la Intimidad” del personal militar de dicha brigada”, dice el comunicado en uno de sus apartes.
Sobre la acción de tutela
La Brigada XVII presentó el pasado 28 de septiembre de 2018 acción de tutela contra la Comunidad, misma que fue ratificada en primera instancia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó el 5 de octubre pasado. En la sentencia se ordena que el Representante Legal de la Comunidad se retracte de las denuncias que la Comunidad de Paz ha venido realizando en los últimos meses a través sus comunicados públicos. En ellos se argumentan los presuntos nexos entre la Brigada XVII y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que, según las denuncias públicas, tiene en el corregimiento de San José de Apartadó uno de sus centros de operaciones. La Comunidad de Paz, ya antes de la sentencia del mencionado juzgado, manifestó públicamente su posición de objeción de conciencia frente a la Acción de Tutela, invocando el Artículo N. 18 de la Constitución Política de Colombia.
Finalmente, la Comunidad solicita a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se active la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a que se inste al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de prevención y protección de derechos humanos, acatar las órdenes de la Corte Constitucional con referencia a la Comunidad de Paz, y hacer respetar las medidas provisionales dictadas por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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