Ocho personas, entre ellas tres menores, fueron asesinadas
San José de Apartadó, Antioquia. 29 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis Alberto Ortega Durango, conocido como alias Satanás, por su presunta participación en las masacres de San José de Apartadó y la vereda La Resbalosa. Ambos hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2005 y dejaron ocho víctimas, entre ellas tres menores de 11, 5 y 2 años.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos llamó a juicio y ratificó la medida de aseguramiento intramural contra Ortega Durango por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
La investigación evidenció que Ortega Durango habría pertenecido al bloque Héroes de Tolová de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Fiscalía, este grupo armado incursionó primero en San José de Apartadó, donde asesinó a dos adultos y un niño de 11 años. Posteriormente, se trasladaron a La Resbalosa, en Tierralta (Córdoba), donde ejecutaron a cuatro integrantes de una familia —los padres y dos hijos pequeños— y a un hombre señalado erróneamente de colaborar con otra organización ilegal.
Las autoridades capturaron a Ortega Durango el 3 de diciembre de 2024 en Arauca. Dos días después fue escuchado en indagatoria y, el 12 de diciembre, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
El proceso judicial avanza bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal colombiano. La Fiscalía resaltó que este caso representa un paso más en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por estructuras paramilitares en el país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.