Fiscalía asegura en prisión a tres presuntos integrantes de ‘Los Espartanos’ en Buenaventura

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Foto archivo.

VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (7 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención en centro carcelario de tres presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Espartanos’, señalados de afectar la seguridad en Buenaventura, Valle del Cauca. Los detenidos, identificados como Cristián Fernando O. T., alias «Trasero»; Carlos Alberto G., alias «Penta»; y Marvin T. G., alias «Marvin», fueron imputados por homicidio agravado, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La Fiscalía estableció que los tres procesados habrían participado en el homicidio de un hombre el pasado 25 de mayo en el barrio Pampalinda, durante un enfrentamiento armado en el sector. Este acto violento desató una ola de desplazamientos forzados, obligando a varias familias a abandonar sus hogares debido a amenazas y represalias. La estructura criminal habría ocupado los bienes abandonados para continuar sus actividades ilegales.

Cristián Fernando y Carlos Alberto fueron capturados por la Armada Nacional y la Policía Nacional mientras se movilizaban en los barrios Pueblo Nuevo y Sanyú de Buenaventura, mientras que Marvin fue notificado de la orden de captura en su contra en la cárcel distrital de Buenaventura, donde ya se encuentra recluido por otros delitos.

La medida de aseguramiento refuerza el esfuerzo de las autoridades en el Valle del Cauca para contrarrestar el accionar de grupos criminales en la región y proteger la seguridad de sus habitantes.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.