11 de los presuntos integrantes fueron judicializados. Son señalados de usar empresas fachada para reportar trabajadores independientes inexistentes y recibir subsidios del Estado por más de 5.000 millones de pesos.
Policía Nacional
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. (4 ENE 2025) – La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red delincuencial señalada de defraudar al Estado por más de 5.000 millones de pesos mediante la creación de empresas fachada y el reporte de afiliaciones falsas al Sistema de Seguridad Social. Los hechos se registraron en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira.
Modus Operandi
De acuerdo con la investigación, los implicados crearon empresas ficticias en sectores como vigilancia, aseo, construcción y cooperativas. Estas compañías reportaban trabajadores independientes inexistentes o inducían a empleados a firmar documentos falsos para simular actividades económicas.
La red presentaba contratos y nóminas fraudulentas ante las autoridades para acceder a subsidios y beneficios monetarios ofrecidos por el Gobierno durante la emergencia por Covid-19. Por cada trabajador ficticio, podían recibir entre 90,000 y 454,000 pesos, logrando apropiarse de los recursos de manera ilegal entre 2020 y 2021.
Judicialización e Imputación
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó a 11 integrantes de la red los delitos de:
- Fraude a subvenciones.
- Fraude procesal.
- Enriquecimiento ilícito de particulares.
Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Impacto del Caso
Este caso refleja el compromiso de la Fiscalía por combatir las estructuras criminales que afectan los recursos destinados a la seguridad social y el bienestar de los ciudadanos. Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar irregularidades similares para prevenir este tipo de delitos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.