Haciéndose pasar como representante de aseguradoras y ofreciendo automotores a bajo costo habría engañado a, por lo menos, 19 personas.
Policía Nacional
ANTIOQUIA, COLOMBIA. (2 ENE 2025) – La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Laura Daniela R. M., señalada como presunta responsable de una estafa masiva mediante la venta fraudulenta de vehículos. Entre 2022 y 2024, esta actividad ilícita dejó 19 víctimas y pérdidas económicas por más de 422 millones de pesos en Medellín y Envigado.
De acuerdo con las investigaciones, Laura Daniela se habría hecho pasar por representante de dos aseguradoras, ofreciendo automotores supuestamente recuperados tras ser declarados en pérdida total por accidentes. Utilizando redes sociales, ganaba la confianza de familiares y amigos para ofrecer estos vehículos a bajo costo, solicitándoles pagos anticipados para supuestos trámites como cupos en subastas, peritajes, traspasos y otros procesos.
Las víctimas, confiando en la legitimidad de la oferta, realizaron los pagos requeridos y recibieron facturas ficticias. Sin embargo, los vehículos nunca fueron entregados.
Laura Daniela fue capturada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de estafa agravada en masa y falsedad en documento privado. Aunque la procesada no aceptó los cargos, un juez le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha documentado 21 eventos delictivos relacionados con esta modalidad de estafa, y continúa avanzando en las investigaciones para identificar posibles nuevos afectados.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.