Con pruebas presentadas en 366 folios, entre los que está el interrogatorio a Alejandro Lyons Muskus, la Fiscalía imputó cargos en contra del gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho por dar y ofrecer y falsedad en documentos.
Por la relevancia y gravedad de los delitos, la fiscal del caso pidió medida de detención preventiva en establecimiento carcelario y afirmó que su libertad podría permitir que continúe su actividad delictiva por la intimidación que el gobernador podría ejercer sobre sus subalternos para lograr sus cometidos.
«Estamos en presencia de un concierto delictivo político de un departamento que exige una respuesta del Estado severa que garantice la seguridad del proceso», afirmó la representante del ente acusador.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un informe detallado de la manera en que Besaile habría recibido de manos de Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba $2.100’000.000 para el financiamiento de su campaña electoral.
«Acordaron —Lyons y Musa Besaile— dividir por mitades el dinero que recibieran procedente de regalías de salud, acuerdo en el cual se hizo partícipe a Edwin José Besaile Fayad. Lyons asegura haberle dado $2.100’000.000 millones en efectivo», relató la fiscal.
La Fiscalía calificó dicho acuerdo como «una alianza criminal que se nutrió de personas no sólo vinculadas a la administración departamental sino a la política nacional e incluso a entes de salud como las IPS Unidos por su bienestar y San José de la Sabana».
De esta forma, más de $1.525’000.000 para del suministro de medicamentos para el tratamiento de 14 pacientes diagnosticados con hemofilia, fueron entregados a la mencionada IPS en «una ficticia prestación de servicios de salud».
La fiscal expuso además, que después de una auditoría realizada por la Contraloría, dicha entidad comunicó a Besaile las distintas circunstancias que evidenciaban alertas sobre el manejo de los fondos del Sistema general de participación y los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sin obtener respuesta del gobernador.
Edwin Besaile, gobernador de Córdoba desde enero de 2016, no aceptó cargos.
La audiencia se reanudará el 16 de febrero próximo para definir la medida de aseguramiento.
