ASUNCIÓN, PARAGUAY (21 MAY 2024) – La Fiscalía de Paraguay reclamó este lunes mayor cooperación de su similar de Colombia para acceder a teléfonos y otras informaciones sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en ese país en 2022, y argumentó que también corresponde a las autoridades colombianas determinar la autoría intelectual del crimen.
En una conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público de Paraguay, Emiliano Rolón, y el equipo de funcionarios a cargo de la causa de Pecci en el país se refirieron a una serie de pedidos -aún sin respuesta- presentados a sus pares colombianos, entre ellos un encuentro con la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, que no tuvo lugar finalmente.
Además, plantearon la necesidad de conformar un equipo conjunto de investigación del caso.
«Hoy estamos en la nebulosa, dependemos en muchos aspectos, (de) la gestión de la Justicia colombiana y principalmente de la Fiscalía, porque en verdad el hecho punible ocurrió en Colombia. La territorialidad de la ley penal nos limita, no podemos manejar el escenario del crimen ni los elementos que fueron incautados al principio», afirmó Rolón.
Pecci fue asesinado en mayo de 2022 por sicarios, cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en el caribe, adonde había viajado para su luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera.
Las autoridades colombianas han dictado siete condenas a implicados en este crimen.
En ese contexto, Rolón afirmó que el «descubrimiento de la autoría intelectual forma parte de la unidad procesal que corresponde al caso».
«Escuchamos en medios de información que algunos abogados o personas de la Justicia colombiana declararon que el descubrimiento de la autoría intelectual es una responsabilidad casi exclusiva del Paraguay; eso no es verdad en procesal penal», agregó Rolón, quien opinó que «el trámite se abre para descubrir los grados de participación criminal: autoría, instigación, complicidad».
El funcionario indicó que desde octubre o noviembre del año pasado los trámites en Colombia «quedaron un poco decaídos» y señaló que la salida del anterior fiscal general, Francisco Barbosa, motivó que «recién en abril prácticamente volvieran a tramitarse algunas cuestiones esenciales».
Ratificó que en Paraguay se abrió una investigación formal sobre el asesinato el 9 de octubre de 2023, a raíz de unas declaraciones de unos de los implicados en el caso, Francisco Correa.
En una audiencia en Colombia, Correa, investigado por supuestamente articular el asesinato de Pecci, acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y al narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias ‘Tío Rico’, de planear el crimen.
Por su parte, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, refirió que no han recibido copias de las declaraciones de Correa ni han tenido acceso a un teléfono al que éste hizo alusión durante una entrevista con funcionarios paraguayos.
Tampoco tienen informes de comunicaciones telefónicas, de movimientos migratorios ni se ha procedido a la apertura de una computadora de uno de los condenados por este hecho, Andrés Felipe Pérez Hoyos, desde la cual consideró «pudieron haberse hecho transacciones internacionales vinculadas al homicidio».
Doldán también se refirió al pedido de peritaje al teléfono de Pecci, que aseguró fue inicialmente autorizado por Aguilera, aunque ella posteriormente dejó esa revisión en manos de expertos colombianos y estadounidenses.
En su intervención, admitió que ningún instrumento de cooperación técnica o carta rogatoria «se contesta de manera inmediata», y no descartó que el cambio de Administración en la Fiscalía colombiana causara «una interrupción del lapso natural» de este proceso.
EFE
