Entre 2016 y 2024, producto de la labor investigativa de la Fiscalía, fueron emitidas condenas en 217 casos de homicidios contra esta población de especial protección. 22% de las sentencias se obtuvieron en 2024.
Colombia, 16 febrero de 2025.- La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, presentaron un informe sobre la investigación y judicialización de delitos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La entrega del documento se realizó ante representantes de organizaciones civiles y entidades nacionales e internacionales, en cumplimiento de la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional por la persistente y grave violación de los derechos de esta población.
Durante su intervención, la fiscal general destacó los avances en las investigaciones, pero también señaló las barreras que enfrenta la entidad en territorios con altos índices de violencia. Resaltó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la relación con las víctimas para hacer más eficientes y transparentes los procesos judiciales. Además, enfatizó en que las investigaciones deben abordar no solo la judicialización de los responsables, sino también las causas estructurales de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país.
Cifras de homicidios de líderes sociales y defensores
Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía registró 1.372 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De estos, 1.322 casos, con un total de 1.381 víctimas, están bajo su jurisdicción, mientras que 26 han sido asumidos por la Jurisdicción Especial Indígena y el resto por otras autoridades.
Las principales víctimas de estos crímenes han sido:
- Líderes comunales: 373 casos
- Líderes comunitarios: 223 casos
- Líderes indígenas: 219 casos
- Líderes campesinos: 119 casos
- Líderes afrodescendientes: 49 casos
El 68% de los homicidios ocurrieron en zonas rurales con fuerte presencia de organizaciones criminales. Además, cinco departamentos concentran el 52% de los casos: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Avances en la investigación de homicidios
Desde 2016 hasta 2024, la Fiscalía logró 217 sentencias condenatorias por homicidios de líderes y defensores, de las cuales 49 se dictaron solo en 2024. Además, 20 de los condenados fueron identificados como determinadores de los crímenes.
En cuanto a las investigaciones en curso:
- Se han logrado 527 imputaciones, lo que representa el 40% de los casos.
- De estas, 472 fueron formuladas contra integrantes de grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
- 256 casos han pasado a la etapa de acusación.
- 126 procesos han resultado en sentencias condenatorias.
Otros delitos contra líderes y defensores
Además de los homicidios, la Fiscalía ha registrado otros delitos cometidos contra defensores de derechos humanos entre 2016 y 2024:
- Amenazas: 26 sentencias condenatorias y 52 llamados a juicio.
- Violencia sexual: 74 casos, de los cuales 35 están en indagación y 12 avanzan en juicio o ejecución de penas.
- Feminicidios: 14 eventos, con 7 casos en juicio o ejecución de penas.
- Desaparición forzada: 40 hechos en indagación, 14 en investigación y 10 en juicio o ejecución de penas.
La Fiscalía reafirmó su compromiso con la protección de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, asegurando que continuará fortaleciendo sus metodologías de investigación y promoviendo estrategias para garantizar justicia en estos casos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.