Ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Miranda (Cauca), de acuerdo con la programación definida, la Fiscalía General de la Nación se presentó para imputar el delito de homicidio en persona protegida a un integrante del Ejército Nacional, quien sería el responsable de la muerte de Juliana Giraldo Díaz, ocurrida el pasado 24 de septiembre.
Durante la diligencia el abogado de la defensa planteó conflicto de competencia y pidió que el caso fuera trasladado a la Justicia Penal Militar.
Al respecto, la Fiscalía argumentó que debe seguir con la investigación para otorgar todas las garantías judiciales a la víctima y sus familiares. Precisó que los indicios dan cuenta de que el uniformado involucrado en los hechos actuó a mutuo propio y no en un acto del servicio. Adicionalmente, con su proceder habría desatendido los lineamientos definidos por el Ejército Nacional para reaccionar en un puesto de control.
La Fiscalía también manifestó que Juliana Giraldo Díaz era una mujer transgénero integrante de la población civil, por lo tanto estaba protegida internacionalmente. Esto indicaría que con su muerte fueron vulnerados los principios de distinción y precaución que contempla el Derecho Internacional Humanitario.
Debido a la situación presentada en la audiencia, la imputación no se realizó y la juez dio traslado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que decida ante el conflicto de competencia planteado. Ante esta instancia la Fiscalía reiterará los argumentos para mantener el caso en la jurisdicción ordinaria.
