La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Eleuberto Martoreli y Alberto Mariño Samper, por presunta falsedad en documento que habría autorizado pago por más de $9.400 millones pesos a la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A.
El órgano de control reprochó al representante legal de la concesionaria la presunta suscripción del documento (de fecha 27 de octubre de 2014) a través del cual comunicó a la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A, que debidamente facultado para el efecto, aceptaba la oferta mercantil de marzo 27 de 2014, cuyo objeto era la prestación de servicios asesoría financiera y banca de inversión, perfeccionando de esta manera un contrato presuntamente falso, en virtud del cual habría autorizado pagos por un valor de $8.378.000.000, y total incluido IVA de $9.467.270.400, cifra que al parecer superaba el límite estatutario de contratación sin autorización de la junta directiva.
Los pagos fueron aprobados a partir de las facturas Nos. 55043 del 15 de diciembre de 2014, 55053 del 14 de enero de 2015, 55064 del 11 de marzo de 2015 y 55072 del 11 de mayo de 2015, con cargo a recursos públicos consignados en patrimonio autónomo constituido para la ejecución del Contrato Estatal de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
Para la Procuraduría, con esta conducta el ciudadano portugués habría utilizado indebidamente recursos de naturaleza pública, permitiendo su apropiación a favor de un tercero.
En el caso de Martoreli y Mariño Samper presuntamente, en los meses de marzo y abril del año 2015, se pusieron de acuerdo para falsificar el acta de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de fecha 21 de febrero de 2014, con el fin de incluir la autorización a Eder Paolo Ferracuti para que contratara con la firma Profesionales de Bolsa, aspecto que no fue aprobado en la reunión.
Según el órgano de control los investigados presuntamente incumplieron el deber de obrar de buena fe, el de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y el de observancia de lo pactado en el contrato, que establecía el compromiso de buen uso de los recursos provenientes de aportes del INCO y recaudo de peajes.
La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de los investigados como gravísima a título de dolo.
