Tegucigalpa, 13 mayo.- El Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras se mantiene vigilante del juicio oral contra el hondureño Roberto David Castillo, en prisión desde 2018, como presunto autor intelectual del asesinato hace cinco años de la ambientalista Berta Cáceres, informó este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Castillo, ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es «vinculado como coautor en el feminicidio de Berta Cáceres, cumpliendo un rol de enlace entre los altos mandos de la empresa y la estructura que ejecutó el crimen», según un comunicado del CEJIL.
DESA impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente.
Más de 20 organizaciones, aglutinadas en el Foro Internacional, indicaron que el juicio contra Castillo representa «un momento histórico en el camino hacia la justicia, liderado incansablemente por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Berta Cáceres y las comunidades lencas».
Sin embargo, consideran que el proceso «en sí mismo no representa justicia, pues los autores intelectuales del crimen permanecen impunes y las comunidades lencas y el COPINH continúan enfrentando las violentas políticas de un Estado extractivista».
El juicio contra Castillo, un exmilitar hondureño detenido en marzo de 2018, comenzó el 6 de abril en Tegucigalpa luego de más de tres años de retrasos.
El proceso se desarrolla después de cinco años «de su feminicidio, expresión última de la violencia ejercida durante años contra Berta Cáceres, antecedido por amenazas, hostigamiento, difamación y criminalización como represalia a su labor de defensa de las tierras ancestrales del pueblo lenca y a su lucha contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca», recalcaron.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
VINCULOS DE AUTORES
Las organizaciones esperan que el juicio «siente la responsabilidad de David Castillo como parte de la estructura criminal del asesinato y devele los vínculos de los autores intelectuales responsables por la planificación y financiamiento del crimen».
Hicieron un llamamiento al Estado hondureño para que «garantice cabalmente las garantías judiciales y dé publicidad para el desarrollo del juicio oral y público, en aras de que el acceso a la verdad y la justicia para la familia, el COPINH y la sociedad hondureña sea una realidad en el marco de un caso que tanto lastimó a un país».
Les preocupan los «múltiples ataques» contra la familia de la líder indígena y miembros del COPINH en el marco de la exigencia de justicia, por lo que solicitan que «se garantice su seguridad, vida e integridad» durante el juicio.
La lucha de la ambientalista representa «la resistencia de los pueblos que han enfrentado despojo, criminalización y violaciones a derechos humanos en el marco de un contexto de extractivismo atroz en Honduras y en toda la región Latinoamericana», agregaron.
El juicio debe contribuir a «entender la forma en que operan las estructuras criminales que atentan contra quienes defienden derechos, contra los pueblos indígenas y las mujeres en toda la región».
Honduras es uno de los países «más peligrosos» de la región para ejercer la defensa de derechos humanos y en 2020 registró el asesinato de 20 activistas, todos en impunidad, según el Foro Internacional.
EFE
