París, 24 septiembre.– Cierre anticipado de bares, restricciones de público y de reuniones… Francia saca la artillería pesada para tratar de frenar la segunda ola del coronavirus, cuando el 18 % de las camas de ucis están ocupadas por pacientes con COVID, con una batería de medidas criticada por ayuntamientos y hosteleros.
Los profesionales sanitarios celebran la decisión del Gobierno ante lo que ya han comenzado a vivir como el inicio de la segunda ola por la creciente presión en los servicios de urgencias y cuidados intensivos.
«Estamos llegando a un nivel que obliga a tomar decisiones y apretar el tornillo. Vemos una aceleración importante de la circulación del virus y, sobre todo, una amplia entrada de pacientes en urgencias y en ucis», dijo a la emisora «France Info» el jefe de reanimación del Hospital Lariboisière de París, Bruno Mégarbane.
El director de la red de hospitales públicos de París, François Crémieux, anunció además que se han visto obligados a reprogramar un 20 % de operaciones quirúrgicas a partir de este fin de semana ante el goteo continuo de enfermos de coronavirus en ucis en la capital.
Tras imponer en marzo un confinamiento de casi dos meses en condiciones idénticas para todo el país, el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, ha intentado en las últimas semanas privilegiar una toma de decisiones concertada con las delegaciones territoriales y los ayuntamientos.
Pero la degradación evidente de la situación sanitaria le ha llevado a dictar medidas desde París que se activarán automáticamente según la presencia del virus: la alerta se divide en roja, reforzada o máxima. La gran mayoría de urbes del país se encuentran ya en los dos niveles superiores de vigilancia.
RECHAZO DE LOS AYUNTAMIENTOS
Ciudades como París, Burdeos, Toulouse, Lille, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble y Montpellier, en alerta reforzada por una tasa de incidencia superior a 100 por 100.000 habitantes, deberán cerrar sus bares como muy tarde a las 22.00 a partir del lunes, igual que gimnasios y salas deportivas, no podrán celebrar eventos con más de 1.000 personas y tendrán que limitar los encuentros públicos a diez personas.
La peor parte se la llevan Marsella y Guadalupe (en las Antillas), con una tasa de incidencia que sobrepasa los 250 contagios por cada 100.000 habitantes, por lo que entran automáticamente en alerta máxima y deberán cerrar durante un mínimo de quince días gimnasios, bares y restaurantes a partir del lunes.
«Pedimos al Gobierno un margen de diez días antes de aplicar las medidas. Si en diez días la epidemia remonta, estamos dispuestos a asumir estas decisiones», dijo el número dos del Ayuntamiento de Marsella, Benoît Paysan, en una rueda de prensa, en la que lamentó que «se les señale con el dedo».
«¿De qué manera dejar de practicar deporte va a ayudarnos?», dijo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en declaraciones a la cadena «BFM TV», donde lamentó que las medidas contra la restauración hayan sido decididas «sin concertación». El cierre anticipado de los bares es «un riesgo económico inmenso», advirtió.
En París, los propietarios de locales afectados están perplejos ante la decisión gubernamental, lo que ha llevado a algunos colectivos a improvisar protestas ante las instituciones.
«¿Qué cambia que un restaurante cierre a las 23.00 o a las 21.00?», se pregunta el propietario del Bar Java, en los Grandes Bulevares. Otro responsable asegura a Efe que tras la nueva restricción tendrán que volver a recurrir al paro parcial, pues su volumen de negocio no les permite recuperar a sus trabajadores a tiempo completo.
«Sé que las medidas serán difíciles para muchos, que desde hace semanas ya están haciendo un gran esfuerzo», reconoció hoy el ministro de Sanidad, Olivier Véran, en una comparecencia ante una comisión del Senado.
Véran explicó que en algunas regiones los pacientes de coronavirus suponen ya el 30 % de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, y al ritmo actual alcanzará el 85 % en menos de dos meses.
LABORATORIOS AL LÍMITE
Con 10.000 nuevos contagios diarios de media en la última semana y más de 13.000 este miércoles, el Gobierno quiere dar prioridad a la realización de test y solucionar el atasco total de los laboratorios privados, a fin de superar el millón de test semanales.
«El 14 de septiembre tuve los primeros síntomas de la enfermedad. Al día siguiente me levanté con fiebre y acudí a hacerme una prueba. Tuve que esperar dos horas en plena calle con otros enfermos en mi misma situación y rellené un cuestionario informando de mis síntomas. Hoy, 24 de septiembre y tras más de una semana enfermo, sigo sin los resultados», explica a Efe Filippo C., residente en París.
Tanto él como su pareja llevan diez días confinados por cuenta propia y con grados distintos de lo que creen que es la COVID-19, pero ninguno ha recibido los resultados pese a ser sintomáticos, uno de los casos para los que el Ejecutivo reclama resultados de diagnóstico en 48 horas.
Otros casos considerados de urgencia por haber tenido contacto estrecho con positivos narran situaciones similares, dificultad para consultar un especialista, obtener una prescripción médica e imposibilidad de recibir resultados en un tiempo razonable.
EFE
